La Asociación 
Profesional de Médicos de Ejercicio Libre 
(ASPROMEL), que representa a los aproximadamente 30.000 médicos españoles que 
ejercen por cuenta propia o para entidades aseguradoras, recuerda que según los 
barómetros oficiales de opinión pública, la sanidad española está en el quinto 
lugar entre los motivos de preocupación de los ciudadanos, y que el 20% de las 
familias tienen contratado algún seguro privado, entre otras razones porque no 
quieren soportar las abultadas y disparadas listas de espera que se registran en 
los centros de titularidad pública.
Esto no ocurre 
en las naciones europeas con sistemas de cobertura asistencial que permiten a 
los ciudadanos elegir el centro y profesional que les atiende, por lo que 
ASPROMEL entiende que para revertir esta situación se ha de caminar hacia una 
“democratización” e integración del sistema sanitario español “como única manera 
de mejorar sus indicadores de percepción pública. “Tenemos que hacerlo eurocompatible”, señala el doctor 
Bolliger, presidente de la entidad. 
El objetivo 
sería que España abra las puertas a un “modelo asistencial integrado”, esto es, 
donde “los actores privados formen parte del sistema sanitario financiado por el 
seguro obligatorio y puedan trabajar por tanto en igualdad de 
condiciones”.
“Lo que 
pedimos no es otra cosa que se extienda al resto de los españoles la alternativa 
que desde hace años disfrutan los funcionarios, quienes pueden optar entre ir a 
un centro público o a uno privado”, concreta el presidente de ASPROMEL, quien 
subraya que más del 90% de esos empleados públicos se decantan por lo segundo, y 
que eso  “será por 
algo”.
Informe de 
la Comisión 
Europea
Estos 
comentarios fueron vertidos al término de la asamblea general ordinaria de 
ASPROMEL, celebrada ayer, donde se expusieron las conclusiones de un reciente 
informe de la Comisión 
Europea donde se aborda la colaboración entre sanidad pública y 
privada y en el que se arrojan dudas, a la par que se destacan otros elementos 
favorables, sobre los modelos de colaboración económica entre los sectores 
sanitarios público y privado. 
La asociación 
considera que este informe, bautizado en inglés con las siglas PPP (Public-Private Partnership), no se va 
entender en España y sólo servirá para “fomentar el dogmatismo” sobre esta 
cuestión, mientras que en los países europeos con sistemas integrados sólo 
tendrá una lectura económica en el sentido de mejorar en lo posible el statu quo actual, que “no está en duda 
porque sus resultados son convincentes”.
A juicio del 
doctor Bolliger, las críticas contenidas en él, centradas básicamente en la 
necesidad de que haya una mayor transparencia a la hora de contrastar los 
resultados económicos y clínicos, “no tendrán apenas impacto en los países 
europeos con sistemas de integración consolidados, y si tienen algún efecto será 
sólo para intentar perfeccionar lo que está demostrado que funciona 
razonablemente bien, mientras que en el caso de España es de temer que tenga un 
impacto político, o sea, que será 
utilizado por quienes defienden el monopolio de lo público y atizan el 
enfrentamiento entre la llamada “sanidad pública “ y la “sanidad 
privada”.
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