La consejera
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado
hoy en Comisión Parlamentaria que la decisión del Tribunal Constitucional de
rechazar el recurso interpuesto en 2008 por el Partido Popular contra la Ley de
Farmacia de Andalucía “avala y respalda las políticas andaluzas” en este
ámbito.
Sobre la Ley
22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía se consolidan y sostienen
las políticas de uso racional del medicamento que se vienen desarrollando en la
comunidad en la última década tales como la prescripción por principio activo
(que ha permitido un ahorro de 1.000 millones de euros en los últimos diez
años), o la selección pública de medicamentos (que permite reinvertir en la
sanidad pública 200 millones al año). De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó
recientemente revertir 90 millones, derivados de los ahorros por la selección
pública de medicamentos, al gasto farmacéutico.
Asimismo, da
soporte al primer concurso público de oficinas de farmacias que ha permitido
abrir más de 370 establecimientos en la comunidad, “lo que permite ofrecer una
respuesta más ágil y cercana a la ciudadanía”. Sánchez Rubio
ha mostrado su satisfacción en tanto “viene a corroborar el trabajo que se está
realizando desde el Gobierno andaluz en el ámbito farmacéutico” y “reconoce el
modelo andaluz de farmacia”.
La consejera, que visitó las obras del nuevo centro ya ejecutadas en más del 75% y con una inversión cercana a los 48,5 millones de euros, recordó que sigue firme el compromiso de la Junta de Andalucía con la provincia de Málaga, en cuanto a asistencia e infraestructuras sanitarias se refiere.