Según datos de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria (SGSP) alrededor del 22% de los reclusos en España está afectado por la hepatitis C. Asimismo, según datos de la SESP, en prisiones la prevalencia
de pacientes con hepatitis C coinfectados con VIH es del 40,5%, lo que supone un 10% de la población penitenciaria. Estos son algunos de los datos difundidos hoy durante el Congreso de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), que se está celebrando
en Barcelona del 23 al 25 de octubre.
Se trata de unas cifras superiores a las de la población no privada de libertad, ya que prácticamente todas las enfermedades infecciosas tienen una prevalencia mayor entre los reclusos. Esto es debido principalmente
a que se trata de una población marginal con un porcentaje elevado de usuarios de drogas por vía intravenosa, así como por otras vías también asociadas a la transmisión de enfermedades como la hepatitis C o el VIH.
Según afirma el Dr. Pablo Saiz de la Hoya Zamácola, de los servicios médicos del Centro Penitenciario Fontcalent de Alicante, “a excepción de Cataluña y el País Vasco -únicas CCAA a las que han transferido
la sanidad penitenciaria a los departamentos de salud- y Extremadura -que desde hace poco tiempo tiene un acuerdo para que el tratamiento lo pague el Servicio Extremeño de Salud-, y debido a la crisis económica y a los recortes, en las prisiones está muy limitado
el tratamiento con los fármacos de acción antiviral directa (AAD), que son los que en la mayoría de las ocasiones están indicados actualmente”.
La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria (SGSP) no permite a los médicos de prisiones prescribir estos fármacos ya que son de uso hospitalario, por lo que los pacientes reclusos únicamente pueden ser tratados
en Madrid, controlados por un solo hospital. “Además de la ingente lista de espera que esto ha provocado, muchos pacientes se niegan a ser trasladados lejos de sus familias y médico habitual, por lo que nunca recibirán el tratamiento adecuado. Ante esta situación
nos hemos encontrado con un bloqueo de facto del tratamiento en las prisiones dependientes del Gobierno Central” declara el experto.
En este sentido, el Dr. Saiz de la Hoya señala que “se han reducido los tratamientos para la población reclusa con esta patología, por lo que se está rompiendo el principio de equidad, que hasta la aparición de
los AAD, el tratamiento de la Hepatitis C en prisiones seguía los estándares de la población general”.
Con todo ello, el experto ha querido enfatizar que el correcto diagnóstico y tratamiento de la población penitenciaria en el tratamiento de las enfermedades infecciosas como la hepatitis C, beneficia no sólo a
los pacientes y a la institución, disminuyendo la posibilidad de transmisión, sino a toda la población española, como ya se ha demostrado con el control de otras enfermedades como el VIH y la Tuberculosis.
Asimismo, en el marco de este congreso de Sanidad Penitenciaria se ha revelado que según el estudio PERSEO, que dentro de poco presentará la SESP, el 72% de los pacientes con hepatitis C sufre un trastorno de
la personalidad (TP), entre los que predominan el trastorno de la personalidad antisocial, en un 46%, y el borderline en un 30%.
“La población penitenciaria tiene una mayor prevalencia de TP porque el padecimiento de muchos de estos trastornos se relaciona con una mayor probabilidad de cometer delitos -comenta el Dr. Saiz de la Hoya- En
el objetivo principal del Estudio PERSEO se pone de manifiesto que estos pacientes no necesitan intervenciones específicas, y que sus tasas de curación son, como mínimo, iguales a la población sin TP”.
El trastorno mental, la enfermedad más prevalente en los centros penitenciarios
Asimismo, durante el X Congreso Nacional y XVII Jornadas de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria se ha afirmado que el trastorno mental es la enfermedad más prevalente en los centros penitenciarios.
En este sentido, según comenta el
Dr. Vicens Tort Herrando, Coordinador de las Unidades Psiquiátricas de los los centros penitenciarios de Quatre Camins y Hombres de Barcelona “en un estudio realizado por Arroyo y Ortega (2007) describieron que un 50 de las visitas de asistencia primaria
eran debidas a trastornos mentales”.
Respecto a los diagnósticos de trastorno mental más frecuentes en las cárceles españolas el experto señala que son “la dependencia de sustancias, la ansiedad y la depresión, que en muchos casos se presentan de
forma comórbida”.
En este sentido, afirma que es importante destacar que, “aunque en un menor porcentaje, se observa la presencia de trastorno psicótico con una prevalencia superior a la de la comunidad. Asimismo, recientemente
está cobrando relevancia la detección de casos de trastorno por déficit de atención en el adulto en los centros penitenciarios de jóvenes y adultos”.
El Dr. Tort explica que “los casos leves de estas patologías pueden ser tratados por los equipos de asistencia primaria de los módulos penitenciarios, sin embargo, los casos más graves necesitan un abordaje con
especialistas formados en el ámbito penitenciario y psiquiátrico. En situaciones de estabilidad se necesitarían módulos más flexibles donde se hiciera hincapié en los aspectos más rehabilitadores, y concretamente, los pacientes más graves necesitarían módulos
específicos fuera del entorno penitenciario”.
Uno de los objetivos de los equipos de psiquiatría penitenciaria es reinsertar a los internos en la comunidad con la máxima seguridad para evitar recaídas y nuevos delitos, para lo que se deben tratar a estos
pacientes de la forma más adecuada para que estén suficientemente estabilizados. “En algunos casos, esto puede ser relativamente costoso, pero si es efectivo mejorará la calidad de vida de estas personas, evitará su estigmatización y protegerá a la sociedad”,
afirma el experto.
En este sentido, un diagnóstico precoz de los tratamientos mentales haría que las intervenciones fueran más eficaces. “En ocasiones, un tiempo prolongado y regímenes de vida restrictivos pueden afectar a la salud
mental del interno. Pero en personas con un estilo de vida muy errático y desorganizado la prisión es una oportunidad de tratamiento, ya que en la comunidad se encuentran en ámbitos muy marginales y no acceden a la red de servicios comunitarios sanitarios
o sociales”, comenta el Dr. Tort.
Por ello, para mejorar la atención de la salud mental entre los internos, el doctor afirma que “debería haber un abordaje psiquiátrico preventivo que permitiese satisfacer las necesidades sanitarias de las personas.
La coordinación entre servicios sociales, sanitarios y judiciales es muy importante para mejorar este abordaje y para asegurar la continuidad de cuidados tras la excarcelación”.
El experto afirma que “en los últimos años ha habido un creciente interés desde las Instituciones Penitenciarias en dar la mejor asistencia posible a los internos con trastornos mentales. Este interés no solo
es una preocupación en España, sino también en el resto de Europa”.
No obstante, recalca “la importancia de prestar una especial atención a la población inmigrante y otros grupos vulnerables, como pueden ser los discapacitados intelectuales, ya que tienen dificultades para recibir
una correcta atención debido a ciertas limitaciones (idiomáticas, de comprensión, sociales)”.
Para implementar estos cambios sería necesaria una formación continuada tanto de los servicios de salud de primaria como de los psiquiátricos especializados.