El Juzgado de lo Penal nº 5 de Málaga ha juzgado culpable y condenado a dos años de prisión al acompañante de una paciente que agredió física y verbalmente a un médico de urgencias del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga provocándole policontusiones de diversa consideración. El Dr. Diego González Garrido, víctima de la agresión, mostró su satisfacción por la condena conseguida en este caso, en el que ha sido asistido por el coordinador de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga, el letrado José Enrique Peña.
El presidente del Commálaga, Dr. Juan José Sánchez Luque, recuerda especialmente este caso ya que sucedió a los pocos días de ser nombrado presidente del Colegio de Médicos: "La respuesta de los compañeros fue ejemplarizante ya que se echaron a la calle para pedir respeto y dignidad para la profesión médica", manifestó a la vez que recalcó que "hechos como estos no deben volver a repetirse".
El Dr. González Garrido, ginecólogo del Hospital malagueño con tres décadas de experiencia profesional a sus espaldas, calificó el incidente como el "más lastimoso de toda su carrera profesional" y agradeció a sus compañeros de trabajo y profesión el apoyo que le mostraron en su día y durante todo este tiempo de espera. La brutal agresión, que tuvo lugar en 2006, dio lugar a protestas y paros en las puertas del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Virgen de la Victoria y provocó una ola de indignación generalizada en la profesión que llevó incluso a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a condenar expresamente los hechos.
El coordinador de los servicios jurídicos del Commálaga, José Enrique Peña, declaró sentirse "muy satisfecho" con la condena obtenida en este caso, que calificó de "ejemplarizante", y conminó a todos los facultativos que sean víctima de atropellos en sus consultas que denuncien los hechos y busquen asesoramiento jurídico especializado en sus colegios profesionales.
Los hechos juzgados finalmente en febrero ocurrieron en torno a la media noche del 26 de abril de 2006 en las Urgencias del Hospital malagueño, cuando la esposa del agresor esperaba los resultados de unas pruebas diagnósticas. Al llegar su turno de consulta Manuel O. S. irrumpió con su pareja en el despacho del ginecólogo mostrando una gran irritación por el prolongado tiempo de espera y, sin atender a las explicaciones del Dr. González Garrido ni a las llamadas a la calma de su pareja, inició una discusión a gritos, por lo que el facultativo le pidió que abandonara la consulta.
El juez considera probado que entonces, sin mediar actitud hostil ni exceso verbal alguno por parte del ginecólogo, Manuel O. S. propinó un puñetazo en la cara y una patada en el estómago al facultativo. Tal fue la violencia de la agresión que en la bata blanca del médico quedó impresa la huella de la suela del zapato del agresor. A consecuencia de los golpes el médico sufrió policontusiones, una lesión en el tercer dedo de la mano derecha, contusión abdominal y del hombro izquierdo y escoriaciones que le mantuvieron de baja más de una semana. El Servicio de Medicina Preventiva del Hospital, que evaluó la situación del facultativo, aseguró que el doctor sufrió tras la agresión "una situación anímica que alterna períodos de tristeza y desconcierto con otros de cierta ansiedad" por lo que precisó "tratamiento ansiolítico".
Al menos tres testigos del hospital declararon que la paciente y esposa del agresor trató de separarlos resultando también herida en su intento, pero fue finalmente un celador el que trabó y sacó a la fuerza al agresor de la consulta. Tras ser expulsado de la misma, Manuel O. S. propinó un puñetazo al cristal de una puerta atravesándolo, hiriéndose y sangrando abundantemente, por lo que tuvo que ser atendido en las urgencias tras desmayarse.
El agresor alegó en su defensa los nervios de la prolongada espera y una supuesta actitud hostil del médico que no pudo ser comprobada en ningún momento, ni corroboró ningún testigo de los hechos. En su sentencia, el magistrado destaca que "la situación de angustia y espera que se vive en los hospitales no puede justificar, en forma alguna, las agresiones a los profesionales que desempeñan su actividad en los mismos" y condena al agresor a un año y seis meses de privación de libertad por un delito de atentado contra la autoridad y otros seis meses más por un delito de lesiones atendiendo a "la gravedad de los hechos enjuiciados". Igualmente le impone el pago de las costas judiciales y el pago de una indemnización de 600 euros a la víctima.
