Los pacientes que presentan algún tipo de enfermedad en las encías tienen entre un 25 y un 50 por ciento de riesgo de padecer una patología cardiovascular, tanto un infarto de miocardio como un ictus o insuficiencia cardiaca, según los autores de un manual sobre la vinculación entre ambas dolencias elaborado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA).
En este sentido, el jefe de Servicio de Cardiología de la Unidad del Corazón del Hospital Virgen de la Victoria (Málaga), Eduardo de Teresa, uno de los coordinadores del libro “Patología Periodontal y Cardiovascular: su interrelación e implicaciones para la salud”, ha reconocido durante su presentación que existen diversos estudios que han relacionado la relación causal entre ambas patologías.
Sobre todo, explica De Teresa, entre las enfermedades cardiovasculares en las que "hay daño en las arterias", ya que "esto conlleva un proceso generalizado de inflamación y, en definitiva, la enfermedad periodontal es una inflamación crónica".
Otro de los autores de esta publicación, el especialista en Periodoncia Blas Noguerol, recuerda también que en las enfermedades periodontales se libera en la sangre una gran cantidad de mediadores inflamatorios que pueden depositarse en diferentes órganos.
De hecho, según añade este experto, "es la fuente más importante de liberación de estos mediadores al torrente sanguíneo", habiéndose demostrado que la presencia de ciertos mediadores inflamatorios en las arterias coronarias es capaz de desencadenar la movilización de la placa de ateroma, que obstruyendo la luz de la arteria coronaria desencadena el infarto.
Por otro lado, existen nuevos trabajos que apoyan la hipótesis de que los patógenos bacterianos procedentes del biofilm subgingival, así como la resultante respuesta que inducen en el hospedador, están directamente implicados en el desarrollo de la lesión aterosclerótica y, con ello, con un aumento del riesgo de acontecimientos cardiovasculares.
Además, el doctor Noguerol asegura que los pacientes con periodontitis "más agresivas", normalmente "aquellas que se desarrollan a edades más jóvenes", son los que presentan más complicaciones en su tratamiento y, por tanto, "quizá también sean los que tienen más riesgo de padecer un evento cardiovascular en el futuro".
Por todo ello, advierten ambos doctores, es necesario "concienciar a la población de la importancia de cuidar la salud bucal manteniendo un control adecuado de su higiene, ya que estos son una muestra del "riesgo que conlleva no hacerlo".
19 January 2011
Se publica un libro sobre la sostenibilidad en los centros sanitarios españoles
La próxima semana se presentará oficialmente, en Madrid, el libro ‘SOSTENIBILIDAD EN CENTROS SANITARIOS’, que por primera vez abarca todos y cada uno de los aspectos relevantes de la sostenibilidad en la construcción de los centros sanitarios, repasando las novedades más destacadas y las últimas tendencias en este ámbito.
El libro, auspiciado por Ferrer y editado por Plataforma Editorial, es obra del doctor en farmacia Enric Aulí, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, como asesor de salud pública de diversas administraciones y como profesor de salud ambiental en la Facultad de Farmacia de Barcelona.
Como subraya Aulí en el libro, "mi intención al escribirlo es introducir la sostenibilidad en los centros sanitarios, con el objetivo último de conseguir la plena salud física y psíquica de las personas. Hasta ahora, la salud es poco contemplada en la sostenibilidad. Y debe redefinirse la sostenibilidad incorporando criterios de salud".
El libro, auspiciado por Ferrer y editado por Plataforma Editorial, es obra del doctor en farmacia Enric Aulí, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, como asesor de salud pública de diversas administraciones y como profesor de salud ambiental en la Facultad de Farmacia de Barcelona.
Como subraya Aulí en el libro, "mi intención al escribirlo es introducir la sostenibilidad en los centros sanitarios, con el objetivo último de conseguir la plena salud física y psíquica de las personas. Hasta ahora, la salud es poco contemplada en la sostenibilidad. Y debe redefinirse la sostenibilidad incorporando criterios de salud".
Unitronics virtualiza los puestos de trabajo del Hospital La Fe de Valencia
Unitronics, líder en el mercado español en el sector de las Comunicaciones y TI, ha sido la empresa encargada de realizar el despliegue del entorno de puestos cliente del Nuevo Hospital La Fe de Valencia, el mayor de Europa con casi 1.000 camas.
El proyecto comprende el despliegue de más de 2000 puestos de trabajo y el mantenimiento, gestión y administración de todo el entorno durante los próximos 4 años. Gracias a este sistema de puesto virtual, la gestión y la administración de la infraestructura tecnológica del hospital se agilizarán. Los escritorios virtuales están personalizados y cada usuario tiene su configuración disponible en el momento en que se conecta con sus claves, incluso si lo hace desde otro ordenador. Esto refuerza la flexibilidad de todo el sistema.
Unitronics se ha encargado del despliegue de más de 700 PCs y portátiles, con tecnología APD, y 1300 Thin clients con tecnología EPATEC, con acceso a escritorio virtualizado. La tecnología elegida para la virtualización (hipervisor) ha sido la proporcionada por VMware, que ya tiene una larga trayectoria de éxito con esta tecnología en todo el mundo y el broker VDI es el de Quest Software, con más de 4000 puestos virtualizados este año en la zona de Levante y Murcia en entorno Sanitario.
En cuanto a la seguridad, con este despliegue se consigue un nivel que sería imposible de obtener en entornos tradicionales de escritorio ejecutados en un PC físico dedicado. Dado que los usuarios no tienen los datos en su propio ordenador, se evita también que haya problemas de pérdida o robo de los mismos, realizando back ups periódicos y controlando cuidadosamente los accesos. Esto refuerza una de las áreas más críticas en Sanidad, la protección de los datos de los pacientes.
Este proyecto destaca por su innovación, ya que es uno de los proyectos de virtualización de puestos de trabajo más importante de España en entorno Sanitario. La experiencia de Unitronics en este tipo de proyectos ha llevado a la Agencia Valenciana de Salud a confiarles la virtualización de más puestos de trabajo en los restantes hospitales de la red sanitaria de la comunidad.
El proyecto comprende el despliegue de más de 2000 puestos de trabajo y el mantenimiento, gestión y administración de todo el entorno durante los próximos 4 años. Gracias a este sistema de puesto virtual, la gestión y la administración de la infraestructura tecnológica del hospital se agilizarán. Los escritorios virtuales están personalizados y cada usuario tiene su configuración disponible en el momento en que se conecta con sus claves, incluso si lo hace desde otro ordenador. Esto refuerza la flexibilidad de todo el sistema.
Unitronics se ha encargado del despliegue de más de 700 PCs y portátiles, con tecnología APD, y 1300 Thin clients con tecnología EPATEC, con acceso a escritorio virtualizado. La tecnología elegida para la virtualización (hipervisor) ha sido la proporcionada por VMware, que ya tiene una larga trayectoria de éxito con esta tecnología en todo el mundo y el broker VDI es el de Quest Software, con más de 4000 puestos virtualizados este año en la zona de Levante y Murcia en entorno Sanitario.
En cuanto a la seguridad, con este despliegue se consigue un nivel que sería imposible de obtener en entornos tradicionales de escritorio ejecutados en un PC físico dedicado. Dado que los usuarios no tienen los datos en su propio ordenador, se evita también que haya problemas de pérdida o robo de los mismos, realizando back ups periódicos y controlando cuidadosamente los accesos. Esto refuerza una de las áreas más críticas en Sanidad, la protección de los datos de los pacientes.
Este proyecto destaca por su innovación, ya que es uno de los proyectos de virtualización de puestos de trabajo más importante de España en entorno Sanitario. La experiencia de Unitronics en este tipo de proyectos ha llevado a la Agencia Valenciana de Salud a confiarles la virtualización de más puestos de trabajo en los restantes hospitales de la red sanitaria de la comunidad.
“La innovación es el motor que va a permitir un desarrollo sostenido y sostenible de nuestras sociedades y hay que protegerlo”
“La innovación, como motor de desarrollo económico y social, requiere de tiempo, talento y dinero. Es una apuesta que necesita de reconocimiento por parte de la sociedad y que debe venir de la mano de la protección de la propiedad industrial”. Este es el mensaje que ha transmitido esta mañana Eric Patrouillard, presidente de Lilly España y del Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, durante la clausura de de la Jornada sobre “El Poder de la Innovación: La propiedad intelectual” que ha organizado dicha Cámara, recogiendo las principales claves que se han expuesto en la mesa “La innovación como elemento de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, en la que también han participado Alfonso Jiménez Palacios, director general de Farmacia y Productos Sanitarios; Jorge Ramentol, presidente de Farmaindustria; Amador Elena, director General de la Agencia Laín Entralgo y Representante de la Consejería de Sanidad de Madrid; Juilo Zarco, presidente de Smergen; y otros presidentes de compañías farmacéuticas como Elvira Sanz, presidenta de Pfizer; Jordi Martí, Presidente de Amgen; o Martín Selles, Presidente de Janssen-Cilag, entre otros.
Patrouillard ha defendido la necesidad de respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual en el sector farmacéutico, así como de las patentes, como algo esencial para asegurar la continuidad de la apuesta por la innovación y para poder competir en igualdad de condiciones con las empresas del sector y de sus propios grupos empresariales en países del entorno económico.
Lilly es una corporación mundial basada en la investigación y orientada a la innovación. Esta apuesta de la compañía se refleja en la inversión destinada a I+D, que supone el 20% de la facturación mundial. Además, Lilly tiene un alto nivel de compromiso con España, afiliada que se ha convertido en uno de los puntos de referencia en la I+D que desarrolla la compañía. “El compromiso de Lilly y de las compañías que integran el Comité de Propiedad Industrial de la Cámara de Comercio Americana con España necesita para mantenerse un marco regulatorio que reconozca la inversión que da origen a la innovación y que permita la recuperación razonable de la misma”, indicó Eric Patrouillard, quien también señaló que la inversión en el caso de un medicamento es muy elevada, tanto en tiempo como en recursos, y que necesita de un marco regulatorio estable y predecible con el que se pueda establecer el retorno sobre la inversión realizada. Unas reglas que deben cumplirse y hacerse respetar por los responsables nacionales y autonómicos para evitar que las empresas que innovan y arriesgan se encuentren en situación de indefensión.
El presidente de Lilly España terminó su intervención insistiendo en que las compañías que como Lilly invierten en España, generan empleo de calidad, innovan para mejorar la calidad de vida de los que sufren, se comprometen con el país a largo plazo, reducen el déficit gracias a sus exportaciones, y favorecen la nivelación de la balanza comercial. Por lo tanto son compañías que merecen ser reconocidas y valoradas como respuesta a los dos problemas grandes que enfrenta el país: el altísimo paro y falta de crecimiento. “Somos parte de la solución, no el problema. La solución para superar la crisis y conseguir un modelo productivo que permita un desarrollo sostenido de la economía basado en el conocimiento la innovación y una alta cualificación del mercado laboral. Por supuesto, sin olvidar que nuestros sector ya produce la solución para millones de pacientes que ven aliviadas o curadas sus enfermedades cada día”, concluyó Patrouillard.
Patrouillard ha defendido la necesidad de respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual en el sector farmacéutico, así como de las patentes, como algo esencial para asegurar la continuidad de la apuesta por la innovación y para poder competir en igualdad de condiciones con las empresas del sector y de sus propios grupos empresariales en países del entorno económico.
Lilly es una corporación mundial basada en la investigación y orientada a la innovación. Esta apuesta de la compañía se refleja en la inversión destinada a I+D, que supone el 20% de la facturación mundial. Además, Lilly tiene un alto nivel de compromiso con España, afiliada que se ha convertido en uno de los puntos de referencia en la I+D que desarrolla la compañía. “El compromiso de Lilly y de las compañías que integran el Comité de Propiedad Industrial de la Cámara de Comercio Americana con España necesita para mantenerse un marco regulatorio que reconozca la inversión que da origen a la innovación y que permita la recuperación razonable de la misma”, indicó Eric Patrouillard, quien también señaló que la inversión en el caso de un medicamento es muy elevada, tanto en tiempo como en recursos, y que necesita de un marco regulatorio estable y predecible con el que se pueda establecer el retorno sobre la inversión realizada. Unas reglas que deben cumplirse y hacerse respetar por los responsables nacionales y autonómicos para evitar que las empresas que innovan y arriesgan se encuentren en situación de indefensión.
El presidente de Lilly España terminó su intervención insistiendo en que las compañías que como Lilly invierten en España, generan empleo de calidad, innovan para mejorar la calidad de vida de los que sufren, se comprometen con el país a largo plazo, reducen el déficit gracias a sus exportaciones, y favorecen la nivelación de la balanza comercial. Por lo tanto son compañías que merecen ser reconocidas y valoradas como respuesta a los dos problemas grandes que enfrenta el país: el altísimo paro y falta de crecimiento. “Somos parte de la solución, no el problema. La solución para superar la crisis y conseguir un modelo productivo que permita un desarrollo sostenido de la economía basado en el conocimiento la innovación y una alta cualificación del mercado laboral. Por supuesto, sin olvidar que nuestros sector ya produce la solución para millones de pacientes que ven aliviadas o curadas sus enfermedades cada día”, concluyó Patrouillard.
Una tercera parte de los pacientes con diabetes no sabe que tiene la enfermedad
“Es necesario contar con equipos sanitarios involucrados en la detección, educación y control de los pacientes con diabetes, patología cuya prevalencia en nuestro país es del 12% y que se puede considerar ya la epidemia del siglo XXI”, señala Alfonso Calle Pascual, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En esta afirmación, coincide Francisco Tinahones Madueño, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y presidente de la Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición (SAEN): “En el momento actual nadie discrepa sobre la idea de que un programa de educación específico y constante para la diabetes es tan necesario como el tratamiento médico”.
Estos expertos defienden, al igual que las “Recomendaciones de la Sociedad Española de Diabetes 2010”, publicadas en la revista Avances en Diabetología el pasado mes de septiembre, la automedición de la glucemia capilar y el autocontrol de esta patología con el objetivo de evitar las complicaciones de estos pacientes y ahorrar, con ello, recursos sanitarios.
Estos expertos defienden, al igual que las “Recomendaciones de la Sociedad Española de Diabetes 2010”, publicadas en la revista Avances en Diabetología el pasado mes de septiembre, la automedición de la glucemia capilar y el autocontrol de esta patología con el objetivo de evitar las complicaciones de estos pacientes y ahorrar, con ello, recursos sanitarios.
Sobre este asunto Edelmiro Menéndez Torre, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y coordinador del Grupo de Trabajo de Consensos y Guías Clínicas de la Sociedad Española de Diabetes (SED), señala que “más del 90% del coste de la diabetes viene ocasionado por las complicaciones de esta patología; por tanto, nuestro trabajo debe ir dirigido a disminuir las mismas y el autocontrol es probablemente el instrumento más potente del que disponemos”. El Dr. Tinahones Madueño añade que “en el paciente que requiere un tratamiento médico intensivo (por ejemplo multidosis de insulina), el autocontrol evita que se produzcan descompensaciones metabólicas que acarrean un enorme coste tanto en visitas médicas como en absentismo laboral”.
En esta línea, el Dr. Menéndez Torre afirma que “la automedición es un instrumento que ayuda al buen control y para poder utilizarlo adecuadamente requiere un programa completo y estructurado de educación en diabetes, imprescindible si queremos lograr el autocuidado del paciente que es la única vía de conseguir que la persona con diabetes mantenga este buen control”.
Sin embargo, la situación actual de los pacientes con diabetes es preocupante ya que la mitad de ellos, subraya el Dr. Calle Pascual, están “fuera del límite que consideramos razonable, lo que es un problema severo por la aparición de complicaciones”. Además, mantiene que sólo entre el 5 y el 10% presenta un control óptimo lo que “está en función de la capacidad de los profesionales sanitarios para desarrollar programas de educación y tratamiento para motivar a los pacientes a tener adherencia a llevar un estilo de vida saludable (ejercicio físico, alimentación, etc.)”.
Llama la atención que actualmente la diabetes tipo 2 aparece a edades más tempranas. Así, son frecuentes las situaciones en las que personas de entre 30 y 40 años “dentro de un examen de salud son diagnosticadas de diabetes por una glucemia 168, sobrepeso y algún trastorno de lípidos o tensión arterial”, explica el Dr. Calle Pascual quien añade que “son enfermos a los que se les recomienda que acuden a su centro de salud y van por ello, no porque tengan síntomas”.
Este experto asegura que lo habitual es que el médico “no recomiende, de entrada, la monitorización de la glucosa capilar salvo para evaluar la eficacia de determinados fármacos; esta herramienta se debería implantar desde el principio y dentro de un programa educativo para favorecer los cambios en el estilo de vida”. Por tanto, no es recomendable retrasar su uso ya que “el paciente debe conducir desde el principio su enfermedad y si no le enseñamos a entender las oscilaciones de su glucosa no va a saber cómo controlarla lo que le puede crear ansiedad”.
-Estudio sobre el papel del autoanálisis
El jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid se encuentra al frente del equipo que está realizando, desde hace casi dos años, un estudio para comparar resultados en pacientes que realizan autoanálisis respecto a los que no lo hacen: “Hemos visto –explica- que la utilización de la glucosa capilar como herramienta educativa requiere una enseñanza para que el paciente sepa interpretar las cifras que obtiene en sus
autoanálisis, ligar los resultados a su comportamiento y mejorar de esta manera tanto su control glucémico como su calidad de vida para que su entorno laboral y familiar no se vean interferidos”.
Este experto insiste en que uno de los problemas de la diabetes, sobre todo en la tipo 2, es que el “propio paciente no se siente enfermo, sobre todo en las primeras fases, porque apenas tiene síntomas salvo que orina o bebe algo más de lo normal y el equipo sanitario debe conseguir que sea consciente de la patología y que la controle”. A ello se une que “a los profesionales sanitarios se les ha orientado para llevar a cabo una medicina curativa y no preventiva”.
Poder incluir los valores del autoanálisis en la historia clínica del paciente tiene también importantes beneficios para el facultativo ya que, según indica el Dr. Tinahones, “permitirá en el futuro contestar a preguntas que todavía no tenemos resueltas como por ejemplo si ¿la variabilidad de la glucemia es más importante que la cifras medias de glucemia para definir el riesgo vascular de los pacientes con diabetes? o ¿cuál es el valor real de la glucemia posprandial en las complicaciones de la diabetes tipo 2?”.
El jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid se encuentra al frente del equipo que está realizando, desde hace casi dos años, un estudio para comparar resultados en pacientes que realizan autoanálisis respecto a los que no lo hacen: “Hemos visto –explica- que la utilización de la glucosa capilar como herramienta educativa requiere una enseñanza para que el paciente sepa interpretar las cifras que obtiene en sus
autoanálisis, ligar los resultados a su comportamiento y mejorar de esta manera tanto su control glucémico como su calidad de vida para que su entorno laboral y familiar no se vean interferidos”.
Este experto insiste en que uno de los problemas de la diabetes, sobre todo en la tipo 2, es que el “propio paciente no se siente enfermo, sobre todo en las primeras fases, porque apenas tiene síntomas salvo que orina o bebe algo más de lo normal y el equipo sanitario debe conseguir que sea consciente de la patología y que la controle”. A ello se une que “a los profesionales sanitarios se les ha orientado para llevar a cabo una medicina curativa y no preventiva”.
Poder incluir los valores del autoanálisis en la historia clínica del paciente tiene también importantes beneficios para el facultativo ya que, según indica el Dr. Tinahones, “permitirá en el futuro contestar a preguntas que todavía no tenemos resueltas como por ejemplo si ¿la variabilidad de la glucemia es más importante que la cifras medias de glucemia para definir el riesgo vascular de los pacientes con diabetes? o ¿cuál es el valor real de la glucemia posprandial en las complicaciones de la diabetes tipo 2?”.
-La Administración debería invertir más en salud
A juicio del Dr. Calle Pascual, el tratamiento de estos pacientes debe implantarse de forma precoz. Para ello, las autoridades sanitarias tendrían que cambiar sus objetivos ya que “todas las comunidades autónomas permiten el autoanálisis sólo como recurso terapéutico para evaluar el tratamiento farmacológico, no como herramienta educativa; tienen que invertir en salud para mejorar la calidad de vida de los afectados y con ello alcanzar una rentabilidad a nivel economicista”.
Sobre este tema el Dr. Tinahones Madueño indica que “existen evidencias sólidas de en qué momento de la evolución de la diabetes el autoanálisis de la glucemia capilar es eficiente y a pesar de ello, existen divergencias en sus indicaciones del autocontrol en función de cada gobierno regional y el tema de gasto está influyendo”. Sin embargo, añade este experto, “si se aplicaran los criterios que se recomiendan no se incrementaría el presupuesto, simplemente se haría un uso más racional de esta herramienta terapéutica”.
Para ello, este experto menciona algunos ejemplos: “No tiene sentido que un paciente con diabetes tipo 2 que esté en tratamiento con dieta y tenga un buena hemoglobina glicosilada se realice autocontroles diarios fuera de un programa educativo; por contra tampoco tiene sentido que un paciente con diabetes tipo 2 y multidosis de insulina con un control irregular de su glucemia se le restrinjan las tiras reactivas de glucemia capilar”.
A juicio del Dr. Calle Pascual, el tratamiento de estos pacientes debe implantarse de forma precoz. Para ello, las autoridades sanitarias tendrían que cambiar sus objetivos ya que “todas las comunidades autónomas permiten el autoanálisis sólo como recurso terapéutico para evaluar el tratamiento farmacológico, no como herramienta educativa; tienen que invertir en salud para mejorar la calidad de vida de los afectados y con ello alcanzar una rentabilidad a nivel economicista”.
Sobre este tema el Dr. Tinahones Madueño indica que “existen evidencias sólidas de en qué momento de la evolución de la diabetes el autoanálisis de la glucemia capilar es eficiente y a pesar de ello, existen divergencias en sus indicaciones del autocontrol en función de cada gobierno regional y el tema de gasto está influyendo”. Sin embargo, añade este experto, “si se aplicaran los criterios que se recomiendan no se incrementaría el presupuesto, simplemente se haría un uso más racional de esta herramienta terapéutica”.
Para ello, este experto menciona algunos ejemplos: “No tiene sentido que un paciente con diabetes tipo 2 que esté en tratamiento con dieta y tenga un buena hemoglobina glicosilada se realice autocontroles diarios fuera de un programa educativo; por contra tampoco tiene sentido que un paciente con diabetes tipo 2 y multidosis de insulina con un control irregular de su glucemia se le restrinjan las tiras reactivas de glucemia capilar”.
**PIE DE FOTO: De Izd. a dcha.: Doctor Alfonso Calle Pascual, Jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; D. Michele Pedrocchi, Director de Roche Diabetes Care Iberia y Latinoamérica; Doctor Edelmiro Menéndez Torre; Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hosp. Univ. Central de Asturias y Coordinador del Grupo de Trabajo de Consensos y Guías de la Sociedad Española de Diabetes (SED); Dr. Francisco Tinahones Madueño, Jefe del Servicio de Endocrinología del Hosp. Clínico Univ. Virgen de la Victoria de Málaga y Presidente de la Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición (SAEN).
Medically assisted reproduction within families: A position paper by the European Society of Human Reproduction and Embryology
The European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) has published today (Thursday) a position paper related to intrafamilial medically assisted reproduction (IMAR).This particular type of assisted reproduction can raise various ethical and controversial issues, due to the involvement of a family member as a third party.The ESHRE Task Force on Ethics and Law acknowledges the benefits that IMAR may bring to those choosing this approach and concludes that certain forms of IMAR are morally acceptable under certain conditions. The group advises to evaluate each request for IMAR individually, based on four ethical principles in health care: the respect for autonomy, beneficence and non-maleficence and justice. The Task Force explains that the right for individual autonomy is elementary: any individual should have the principle of choice with whom to reproduce.
It is understandable that couples wish to preserve some sort of genetic identity with the child, and hence may wish to choose a donor in the family. IMAR may facilitate a child’s access to its biological roots and enable it to have contact with the donor or the surrogate mother. Often faced with no realistic alternatives due to long waiting times or lack of donors, IMAR may also be the only option available to these patients.The ESHRE group recommends that fertility doctors should take into account the relevant regulations in their country when they assist a couple with IMAR. In some countries IMAR is illegal and the relevant laws against incest and consanguinity apply to protect the offspring from genetic risks and to avoid possible social disruptions and conflicts. “Doctors should assess any possible psychosocial and medical risks related to the treatment,” says Dr. Wybo Dondorp, deputy coordinator of the Task Force. “Doctors must therefore consider the principles of beneficence and non-maleficence together and aim at producing net benefit over harm for all parties involved.
”Potential risks may affect several parties, including the future child. These risks can arise from intrafamilial conflict if parents feel threatened in their parental role or if they have different views from the collaborators on how the child should be informed of its genetic origins. Especially in cases of intergenerational IMAR, there are concerns that the child may be confused about his role in the family. The possible pressure on the donor or surrogate to collaborate can also lead to psychological problems. Adequate information on possible risks should be given to all parties. This includes both combined and separate counseling of recipients and collaborators to assess the voluntariness of the donation and to reduce potential conflict situations.According to the principle of justice, doctors should treat similar cases in the same way. So if sister-to-sister oocyte donation is accepted so should brother-to-brother sperm donation. The justice principle also applies where IMAR may circumvent unjust exclusion if waiting times for donors are long or the treatment costs are too high without intrafamilial donors.It is of paramount importance that recipients and collaborators give their informed consent.
The ESHRE group is in favour of disclosure of information to the child if other relatives are aware of the familial collaboration. The counselor should offer support in any case and various strategies may be equally justified; while some would give priority to the child’s right to know, others would be more concerned about the risk of confusion and accept a parental preference for secrecy.Doctors should not accept a minor relative as a gamete donor or a surrogate. In the case of intended surrogacy the Task Force considers parenthood by the surrogate to be a precondition in order to collaborate in IMAR.The paper gives special attention to (rare) cases of consanguineous IMAR, involving the mixing of gametes of persons that are genetically closely related. “The Task Force considers consanguineous IMAR between up to third degree relatives as acceptable in principle, subject to additional counseling and risk-reduction,” says Professor Guido de Wert, coordinator of the ESHRE Task Force. “Here, genetic counseling is appropriate to assess the increased risk of conceiving a child affected by a serious recessive disease.” Part of adequate genetic counseling and good clinical practice in such cases is to offer carrier screening for those disorders that are more prevalent in the particular ethnic group. Given that fertility specialists have a co-responsibility for the welfare of the child, it may be morally justified to offer such genetic testing as a condition for access to assisted reproduction.
The group concludes that in some situations IMAR is morally acceptable as long as counseling of recipients and collaborators is applied in order to reduce potential psychosocial and medical risks. First-degree intergenerational IMAR needs special scrutiny, also in view of the increased risk of undermining autonomous choice. First- and second degree consanguineous IMAR is at odds with the spirit of anti-consanguinity and anti-incest legislation in most countries and should not be offered. The group encourages more research into the psychosocial implications of IMAR to contribute to adequate and moral guidance. BackgroundDepending on the degree of familial closeness, there can be different types of IMAR. The relationship between donor and acceptor can be either first degree such as between siblings or parents and children, second degree such as for example between uncle and niece and third degree such as between cousins. The collaboration between the different parties (those providing donor gametes, a surrogate uterus or both, and the acceptor) can be in the same generation (such as for example sisters) or between generations (for example mother and daughter).
IMAR can involve different scenarios such as sperm, egg or embryo donation by a family member and/or surrogacy which can be full surrogacy (surrogate provides the eggs) or partial surrogacy (surrogate carries the IVF embryo). In practice, a common form of IMAR is sister-to-sister oocyte donation. Most cases of IMAR are non-consanguineous. Consanguinity, which is defined as reproduction using gametes (eggs and sperm) from individuals that are closely related genetically, may lead to an increased genetic risk for the future child. The magnitude of this risk depends on the degree of consanguinity. In any general population the risk of having a child with a handicap or a major disease is 3%. In third degree consanguinity, the risk is estimated to be around 5-6%. If the applicant and the intended collaborator carry the same disease, there is a 25% risk of conceiving a child affected with that particular condition.
**The paper is published online on 20 January 2011 in the journal Human Reproduction: doi:10.1093/humrep/deq383. The full paper is available on request.
It is understandable that couples wish to preserve some sort of genetic identity with the child, and hence may wish to choose a donor in the family. IMAR may facilitate a child’s access to its biological roots and enable it to have contact with the donor or the surrogate mother. Often faced with no realistic alternatives due to long waiting times or lack of donors, IMAR may also be the only option available to these patients.The ESHRE group recommends that fertility doctors should take into account the relevant regulations in their country when they assist a couple with IMAR. In some countries IMAR is illegal and the relevant laws against incest and consanguinity apply to protect the offspring from genetic risks and to avoid possible social disruptions and conflicts. “Doctors should assess any possible psychosocial and medical risks related to the treatment,” says Dr. Wybo Dondorp, deputy coordinator of the Task Force. “Doctors must therefore consider the principles of beneficence and non-maleficence together and aim at producing net benefit over harm for all parties involved.
”Potential risks may affect several parties, including the future child. These risks can arise from intrafamilial conflict if parents feel threatened in their parental role or if they have different views from the collaborators on how the child should be informed of its genetic origins. Especially in cases of intergenerational IMAR, there are concerns that the child may be confused about his role in the family. The possible pressure on the donor or surrogate to collaborate can also lead to psychological problems. Adequate information on possible risks should be given to all parties. This includes both combined and separate counseling of recipients and collaborators to assess the voluntariness of the donation and to reduce potential conflict situations.According to the principle of justice, doctors should treat similar cases in the same way. So if sister-to-sister oocyte donation is accepted so should brother-to-brother sperm donation. The justice principle also applies where IMAR may circumvent unjust exclusion if waiting times for donors are long or the treatment costs are too high without intrafamilial donors.It is of paramount importance that recipients and collaborators give their informed consent.
The ESHRE group is in favour of disclosure of information to the child if other relatives are aware of the familial collaboration. The counselor should offer support in any case and various strategies may be equally justified; while some would give priority to the child’s right to know, others would be more concerned about the risk of confusion and accept a parental preference for secrecy.Doctors should not accept a minor relative as a gamete donor or a surrogate. In the case of intended surrogacy the Task Force considers parenthood by the surrogate to be a precondition in order to collaborate in IMAR.The paper gives special attention to (rare) cases of consanguineous IMAR, involving the mixing of gametes of persons that are genetically closely related. “The Task Force considers consanguineous IMAR between up to third degree relatives as acceptable in principle, subject to additional counseling and risk-reduction,” says Professor Guido de Wert, coordinator of the ESHRE Task Force. “Here, genetic counseling is appropriate to assess the increased risk of conceiving a child affected by a serious recessive disease.” Part of adequate genetic counseling and good clinical practice in such cases is to offer carrier screening for those disorders that are more prevalent in the particular ethnic group. Given that fertility specialists have a co-responsibility for the welfare of the child, it may be morally justified to offer such genetic testing as a condition for access to assisted reproduction.
The group concludes that in some situations IMAR is morally acceptable as long as counseling of recipients and collaborators is applied in order to reduce potential psychosocial and medical risks. First-degree intergenerational IMAR needs special scrutiny, also in view of the increased risk of undermining autonomous choice. First- and second degree consanguineous IMAR is at odds with the spirit of anti-consanguinity and anti-incest legislation in most countries and should not be offered. The group encourages more research into the psychosocial implications of IMAR to contribute to adequate and moral guidance. BackgroundDepending on the degree of familial closeness, there can be different types of IMAR. The relationship between donor and acceptor can be either first degree such as between siblings or parents and children, second degree such as for example between uncle and niece and third degree such as between cousins. The collaboration between the different parties (those providing donor gametes, a surrogate uterus or both, and the acceptor) can be in the same generation (such as for example sisters) or between generations (for example mother and daughter).
IMAR can involve different scenarios such as sperm, egg or embryo donation by a family member and/or surrogacy which can be full surrogacy (surrogate provides the eggs) or partial surrogacy (surrogate carries the IVF embryo). In practice, a common form of IMAR is sister-to-sister oocyte donation. Most cases of IMAR are non-consanguineous. Consanguinity, which is defined as reproduction using gametes (eggs and sperm) from individuals that are closely related genetically, may lead to an increased genetic risk for the future child. The magnitude of this risk depends on the degree of consanguinity. In any general population the risk of having a child with a handicap or a major disease is 3%. In third degree consanguinity, the risk is estimated to be around 5-6%. If the applicant and the intended collaborator carry the same disease, there is a 25% risk of conceiving a child affected with that particular condition.
**The paper is published online on 20 January 2011 in the journal Human Reproduction: doi:10.1093/humrep/deq383. The full paper is available on request.
El MICOF recurre en casación las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia en los asuntos acumulados C-570/07 y C-571/07 en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), aunque dicha sentencia respaldaba la legalidad de los criterios geográficos y demográficos de apertura de farmacias el TSJA declaró la nulidad de los criterios geográficos y demográficos establecidos por la normativa asturiana, así como una resolución dictada por el Principado de Asturias en aplicación de dicha normativa.
El MICOF al considerar que las sentencias del TSJA no se ajustan a derecho, ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo las sentencias dictadas en los recursos contencioso-administrativos nº 771/01 (Nulidad de los artículos 2 y 4 y apartado 6º del anexo del decreto) y 1316/02 (Nulidad de la resolución del Consejero de Salud y Servicios Sociales) relativos a la normativa asturiana de apertura de oficina de farmacias.
Dichos recursos de casación se basan en que las sentencias del TSJA habrían incurrido en infracciones de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables y, en particular, en los siguientes argumentos jurídicos:
En primer lugar, las sentencias del TSJA recurridas habrían efectuado una apreciación de la prueba arbitraria e insuficiente, ya que, contrariamente a lo afirmado por el TSJA, en ningún caso habría quedado acreditado que, como consecuencia de las normas anuladas, existiese una falta de atención farmacéutica adecuada en Asturias. En este sentido, el TSJA no habría incorporado a su razonamiento elementos que pudieran servir para determinar dicha falta de atención, basando por tanto sus sentencias en afirmaciones infundadas.
En Segundo lugar, las sentencias del TSJA supondrían una vulneración de la libertad de establecimiento prevista en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que serían contrarias a la jurisprudencia existente en la materia y, muy particularmente, a la interpretación que realiza el TJUE de dicha norma en la sentencia contestando la cuestión prejudical planteada por el propio TSJA. Así, la jurisprudencia comunitaria concluye que el artículo 49 del Tratado no se opone a la normativa asturiana, ya que no impediría la creación de un número suficiente de farmacias capaces de garantizar una atención farmacéutica adecuada.
Por último, las sentencias del TSJA incurrirían en una infracción del artículo 2 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacias, que permite el establecimiento de "medidas de ajuste" a los criterios demográficos y geográficos de aplicación general para determinadas zonas. La sentencia no habría tenido en cuenta este elemento a la hora de interpretar la normativa del Principado de Asturias.
El MICOF al considerar que las sentencias del TSJA no se ajustan a derecho, ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo las sentencias dictadas en los recursos contencioso-administrativos nº 771/01 (Nulidad de los artículos 2 y 4 y apartado 6º del anexo del decreto) y 1316/02 (Nulidad de la resolución del Consejero de Salud y Servicios Sociales) relativos a la normativa asturiana de apertura de oficina de farmacias.
Dichos recursos de casación se basan en que las sentencias del TSJA habrían incurrido en infracciones de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables y, en particular, en los siguientes argumentos jurídicos:
En primer lugar, las sentencias del TSJA recurridas habrían efectuado una apreciación de la prueba arbitraria e insuficiente, ya que, contrariamente a lo afirmado por el TSJA, en ningún caso habría quedado acreditado que, como consecuencia de las normas anuladas, existiese una falta de atención farmacéutica adecuada en Asturias. En este sentido, el TSJA no habría incorporado a su razonamiento elementos que pudieran servir para determinar dicha falta de atención, basando por tanto sus sentencias en afirmaciones infundadas.
En Segundo lugar, las sentencias del TSJA supondrían una vulneración de la libertad de establecimiento prevista en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que serían contrarias a la jurisprudencia existente en la materia y, muy particularmente, a la interpretación que realiza el TJUE de dicha norma en la sentencia contestando la cuestión prejudical planteada por el propio TSJA. Así, la jurisprudencia comunitaria concluye que el artículo 49 del Tratado no se opone a la normativa asturiana, ya que no impediría la creación de un número suficiente de farmacias capaces de garantizar una atención farmacéutica adecuada.
Por último, las sentencias del TSJA incurrirían en una infracción del artículo 2 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacias, que permite el establecimiento de "medidas de ajuste" a los criterios demográficos y geográficos de aplicación general para determinadas zonas. La sentencia no habría tenido en cuenta este elemento a la hora de interpretar la normativa del Principado de Asturias.
Subscribe to:
Comments (Atom)