Aguas Font Vella y Lanjarón recoge el Premio Andalucía de Medio Ambiente por su compromiso con el Espacio Natural de Sierra Nevada

Aguas Font Vella y Lanjarón ha recibido el Premio Andalucía de Medio Ambiente en un acto que ha tenido lugar en en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo deSevilla y que ha estado presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. El prestigioso galardón que otorga la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente dio a conocer el pasado mes de diciembre los ganadores de esta edición reconociendo así a todas aquellas personas, colectivos y empresas de la comunidad autónoma andaluza que han destacado por su trabajo en la defensa y desarrollo de los valores medioambientales en distintas disciplinas y actividades.

El galardón, que este año cumple su decimoséptima edición, ha premiado a Aguas Font Vella y Lanjarón en la modalidad de “Empresa y Medio Ambiente” por su compromiso medioambiental con el Espacio Natural de Sierra Nevada, a través de la participación en el proyecto “Monte del Siglo XXI”, y otras iniciativas impulsadas a través de la Fundación Lanjarón que tienen como objetivo la preservación de este espacio natural. El Premio también reconoce la labor de la empresa por incorporar en su proceso productivo medidas que favorezcan el cuidado del medio ambiente como la incorporación de plástico de origen vegetal en sus envases.

Compromiso con el entorno natural

La compañía mantiene un fuerte compromiso con la protección del medio ambiente y la preservación del entorno natural de Sierra Nevada.

Aguas Font Vella y Lanjarón participó en el proyecto “Monte del Siglo XXI”.  Esta iniciativa se inició en 2009 a raíz del incendio forestal de 2005 que afectó a3.425 hectáreas del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.

Se trata de un proyecto pionero y ambicioso que consigue implantar un nuevo modelo de monte que haga frente con más garantías a los retos ambientales y sociales del siglo XXI. La participación de Aguas Font Vella y Lanjarón en el proyecto implicó la plantación de más de 100.000 árboles en la zona especificada. La empresa también contribuyó a la captación de voluntariado para ayudar activamente en la reforestación y se prestó apoyo en las campañas de educación y sensibilización organizadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Además destaca su participación en acciones impulsadas a través de la Fundación Lanjarón como la reparación de infraestructuras agrarias y de riego, limpieza y acondicionamiento de acequias, talleres o actividades de sensibilización y educación ambiental,  en la zona del municipio de Lanjarón y sus alrededores.

Una apuesta firme por la sostenibilidad

Aguas Font Vella y Lanjarón aplica a diario su compromiso medioambiental en el proceso productivo integrando medidas que sean respetuosas con el entorno y promuevan la sostenibilidad. Así, en diciembre de 2011, la marca Lanjarón lanzó al mercado la primera garrafa con un 20% de plástico de origen vegetal.

Se trata de un material químicamente inerte, resistente e inalterable que se obtiene de los deshechos de la caña de azúcar. Preserva el producto en todas sus etapas de transporte, almacenaje y consumo. Además,  mantiene todas las propiedades de seguridad, higiene y composición del agua mineral natural, sin alterar su sabor, ni sus propiedades nutricionales. Es 100% reciclable. Su ergonomía supone una optimización logística y junto a la reducción del peso del envase y del tapón, favorece una mayor eficiencia ecológica, ya que contribuye a reducir  un 21% la huella de carbono (emisiones de CO2).

Reconocimientos por su labor medioambiental

Este no es el primer galardón que recibe Aguas Font Vella y Lanjarón por su labor en la protección del medio ambiente.  En 2009,  la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía le otorgo, en su segunda edición, el Premio en la categoría de “Compromiso empresarial con el medio natural y el paisaje andaluz” por su participación en el proyecto“Monte Siglo XXI”.

Más recientemente, el pasado mes de diciembre de 2012, se le concedió a la compañía el Premio “Promoción del Espacio Natural” concedido por la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada y la Confederación Granadina de Empresarios. El galardón reconoce la labor de Lanjarón en la promoción, difusión y fomento de Sierra Nevada, que se ha convertido en un destino turístico muy vinculado con la propia marca de agua mineral natural.

Llega un nuevo tratamiento para la diabetes tipo 2 que facilitará el cumplimiento por parte de los pacientes

Ya está disponible en España una alternativa terapéutica para las personas con diabetes tipo 2 (DM2), pensado para facilitar a los pacientes la continuidad y cumplimentación de su tratamiento2,3,4,5,6. Consiste en la combinación de linagliptina y metformina clorhidrato (HCI) en un único comprimido, administrado dos veces al día1, de manera que se simplifica el tratamiento de las personas con DM2.

“Linagliptina y metformina son dos fármacos ampliamente utilizados individualmente para la diabetes tipo 2, y lo son también en conjunto porque tienen un efecto sinérgico: sus efectos se suman y, por tanto, supone una combinación muy eficaz para el tratamiento de la DM2”, apunta el Dr. Antonio Pérez, Director de Unidad del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. “Además, ninguno de ellos aumenta el riesgo de hipoglucemia ni la ganancia de peso, dos de los efectos secundarios más habituales en los medicamentos para el control de la glucemia”.

Linagliptina/metformina clorhidrato (HCI) está recomendado para mejorar el control de la glucemia en uso junto con dieta y ejercicio, en adultos con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlados con su dosis máxima tolerada de metformina en monoterapia, metformina y una sulfonilurea, o quienes ya están siendo tratados con la asociación de linagliptina y metformina.7 Además, también puede utilizarse con una sulfonilurea.

Adherencia al tratamiento, prioridad en salud pública
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas como un tema prioritario de salud pública debido a sus consecuencias negativas: fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización y aumento de los costes sanitarios8. Diversos estudios en personas con diabetes, entre otras enfermedades crónicas, han señalado que los pacientes con falta de adherencia tienen tasas de mortalidad significativamente más altas que los pacientes cumplidores (12,1% vs 6,7%)8, y que las tasas de hospitalización son también más altas en pacientes con baja adherencia (13% vs 30% para pacientes con diabetes)8.

En este sentido, el Dr. Pérez subraya que “el hecho de simplificar el tratamiento presentándolo en un solo comprimido dos veces al día se asocia con una mejor adherencia al mismo, un aspecto de suma relevancia en los pacientes con DM2. De hecho, se sabe que hasta el 50% de pacientes con enfermedad crónica incumple con el tratamiento prescrito”.

Además de influir en la calidad de vida del paciente, la adhesión deficiente del paciente a las indicaciones terapéuticas de los profesionales de la salud es la principal causa de la aparición de las complicaciones de la diabetes y los costes individuales, sociales y económicos que las acompañan4. De hecho, el coste global para el sistema de asistencia sanitaria de tratar a los pacientes con diabetes tipo 2 en Europa es una media de 1,5 veces mayor que el gasto de atención de salud per cápita, según el estudio CODE-29.

Prevención, el tratamiento más eficaz
El endocrino del Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu ha explicado que, actualmente, existen tratamientos eficaces para la diabetes tipo 2 que “permiten controlar, en una proporción muy amplia de pacientes, las complicaciones de la enfermedad y su consecuencia final, que sería la reducción de la supervivencia de esta población”. Y es que, aunque “el concepto de gravedad de la diabetes no se percibe entre la población general porque es una enfermedad que no duele y sus consecuencias se perciben más a largo plazo”, entre las complicaciones derivadas de un control deficiente de la patología figuran las enfermedades cardiovasculares, renales, oculares (con riesgo de ceguera) o la afectación de los pies (con riesgo de amputación).

Por ello, el Dr. Antonio Pérez destaca que “la prevención es el mejor tratamiento para la diabetes” y relaciona directamente el aumento de la prevalencia de la obesidad con el incremento de personas que tienen diabetes tipo 2: “la edad es un factor de riesgo de la DM2 pero cumplir años es algo que no podemos cambiar. En cambio, hay otros factores ligados a nuestro estilo de vida actual, como es el caso de la obesidad, sobre los que sí podemos actuar. Pocas medidas son tan eficaces como reducir el peso y aumentar la práctica de actividad física, que disminuyen en un 60% el riesgo de padecer diabetes”.  

Andalucía: Montero denuncia que el Gobierno de España se está retirando de todas las políticas sociales

La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha denunciado que el Gobierno central se está retirando de todas las políticas sociales y ha puesto como ejemplo de ello los recortes por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy al Plan Concertado, a través del que se financian los servicios sociales comunitarios, y a la Ley de la Dependencia. A juicio de Montero, cada medida adoptada por la Administración central en esta materia pone de manifiesto una destrucción paulatina del Estado del Bienestar.

En rueda de prensa en Sevilla previa a la celebración en Madrid del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Montero ha apuntado en relación a la aportación estatal en el marco del Plan Concertado, que desciende de los 17.019.551,57 euros correspondientes a 2011, a los 5,3 millones de euros que recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2013 por este concepto para la comunidad andaluza, lo que representa una reducción del 68,31% en dos años. De este modo, el Gobierno central recorta este año dos de cada tres euros que las entidades locales recibían en 2011 para la financiación de los servicios sociales comunitarios a través del Plan Concertado.

Así, el Gobierno de España a pasado de cofinanciar en un 44% este plan en el año 2000 a aportar únicamente el 14% del conjunto del mismo, dejando todo el peso de este instrumento esencial para los servicios sociales comunitarios en la comunidad autónoma, que es la que sustenta en la actualidad el Plan Concertado, ya que asume el 86% del total.

Montero ha denunciado la falta de compromiso del Ejecutivo central con las políticas sociales y, muy concretamente, con las corporaciones locales a través de dicho plan, que se creó como instrumento para la cooperación económica y técnica entre administraciones para financiar conjuntamente los servicios sociales municipales, de manera que se garantizaran unas prestaciones mínimas.

Frente a ello, según ha manifestado Montero la Junta de Andalucía ha mantenido en 2012 su esfuerzo para garantizar estos servicios, destinando al Plan Concertado 42,4 millones de euros, mientras que el Gobierno central destinó a dicho plan en la comunidad autónoma andaluza 9,2 millones euros el pasado año, una proporción de aportaciones que pone a las claras, según la titular de Salud y Bienestar Social “la situación insostenible de abandono por parte del Estado” tanto a Andalucía como a los ayuntamientos andaluces. Ante ello, Montero ha añdido que la Junta, entre 2004 y 2011, incrementó en un 35% su aportación al Plan Concertado.

Montero ha destacado la importancia que la Junta concede a la cooperación con las entidades locales en el desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios, de acceso universal y que representan el primer nivel de actuación en la atención social. En este sentido, ha subrayado que el número de personas que trabajan en Servicios Sociales Comunitarios fue de 27.146 en 2010 (último año evaluado), sin computar los trabajadores con cargo a los recursos de refuerzo para atender a las personas en situación de dependencia (con los que ascendieron a 27.886). Asimismo, ha apuntado que en 2010 se atendieron en la comunidad autónoma andaluza a 1.022.882 personas, según los datos facilitados por las propias entidades locales.

Catálogo de Referencia de Servicios Sociales

Asimismo, la consejera de Salud y Bienestar Social ha llamado la atención sobre la definición de un Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, un asunto que también se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de la Autonomía y Atención a la Dependencia que se celebrará hoy en Madrid. Tras valorar la iniciativa como necesaria e interesante, Montero se ha preguntado “de qué servirá este instrumento, con vocación integradora y solidaria, si la cartera de servicios y prestaciones que recoja difícilmente va a estar operativa, o a duras penas, por falta de financiación del Estado”.

En esta línea, la titular andaluza de Bienestar Social ha apuntado que la propuesta para elaborar este catálogo reconoce, precisamente, en su introducción la importancia del Plan Concertado como garantía, a través de la cofinanciación, de unas prestaciones adecuadas para unos servicios básicos en todo el territorio estatal. Una cofinanciación que no cuenta ya, según Montero, con el compromiso del Gobierno de España.

Otro de los ejemplos de recorte de recursos por parte del Gobierno de España en materia social que ha citado la consejera ha sido el referido a la población gitana, con un nuevo “hachazo” en la convocatoria de subvenciones, a la que el Estado destina escasos 100.000 euros. “Todo esto sin entrar a valorar que el criterio de reparto de estas ayudas, ni queda claro ni entendemos que sea equitativo, dado que en Andalucía, según estimaciones de numerosos estudios, vive el 40% de la población gitana que habita en España”, ha añadido Montero.

De otro lado, la consejera se ha referido a la Ley de la Dependencia y ha recordado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy han supuesto que Andalucía deje de recibir del Estado por este concepto 89 millones de euros en 2012, recorte que se verá incrementado hasta los 125 millones de euros en 2013, como consecuencia de la supresión del nivel acordado y de la reducción del nivel mínimo, lo que hace que en dos años la comunidad andaluza deje de recibir 214 millones de euros.

“Estigmatización” de la ayuda por cuidados en el entorno familiar

Ante ello, María Jesús Montero ha avanzado que el Gobierno de Andalucía continuará impulsando medidas de “contrarreforma” para garantizar el bienestar de las personas en situación de dependencia en Andalucía, como la adoptada para minimizar el impacto de la reducción en un 15% aprobada por el Gobierno central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, de manera que en Andalucía esta reducción se quede en el 13,2%. Precisamente, la consejera ha acusado al Gobierno de la Nación de intentar “estigmatizar” y “penalizar” la prestación económica por cuidados en el entorno familiar con el proyecto de Real Decreto que se verá hoy en la reunión del Consejo Territorial.

Al mismo tiempo, y en relación con nuevas modificaciones previstas por el Gobierno, Montero ha considerado una “extralimitación” y una “invasión en el ámbito de la comunidad autónoma” el procedimiento que se pretende establecer para el reconocimiento del derecho, a través de la documentación que se quiere exigir que acompañe a las solicitudes. A su juicio, “se trata de una regulación forzada que introduce una excesiva burocratización que sólo aportará dificultad en el acceso de la ciudadanía a las prestaciones”.

Montero ha explicado que la presentación de algunos documentos pasa a ser obligatoria, como el informe de salud, el compromiso del cuidador y la documentación acreditativa de la capacidad económica, que hasta ahora no se exigían en la solicitud para el reconocimiento de esta Ley, un elemento que, en su opinión, introducirá mayor burocratización en el proceso y supondrá nuevas trabas en la aplicación de la Ley. Además, la Junta de Andalucía no comparte que los certificados de altas, bajas y modificaciones se exijan mensualmente, por invadir las competencias autonómicas de control de legalidad en los procedimientos de reconocimiento del derecho.

Del mismo modo, la consejera ha precisado que el Estado prevé un Real Decreto que se supone que regula el nivel mínimo, si bien no establece cómo se calculará el nivel mínimo de prestación para poder garantizar el derecho a la promoción de la autonomía persona y atención a la situación de dependencia.

Quiebra del principio de confianza

Para María Jesús Montero, la Ley de la Dependencia se basaba en los principios de buena fe y confianza entre administraciones, ya que el sistema se basa en compartir información, ceder y facilitar datos al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En este sentido, considera que dicha confianza “se ha quebrado” con las certificaciones que se pretenden exigir. “Refrendar la legalidad de cada dato entra en aspectos de control de eficacia y legalidad que son competencia de la comunidad”, ha resaltado.

EL DR. MIGUEL CHAMOSA ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA (SECPRE)

El Dr. Miguel Chamosa Martín es el nuevo presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE). Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, es director de la Clínica Doctor Chamosa desde 1982. El Dr. Jaume Masià, anterior presidente de esta sociedad científica, pasa a ocupar el cargo de Presidente de la Fundación Docente SECPRE.

“Mi compromiso como nuevo presidente, así como el de la nueva junta directiva que me acompañará los próximos dos años, es seguir posicionando a la SECPRE como referente en cirugía plástica, así como defender la excelencia y profesionalidad en este ámbito sanitario”, afirma el Dr. Chamosa.

La composición de la nueva Junta Directiva, cuyos miembros ocuparán sus cargos durante el periodo 2013-2014, es la siguiente:

PRESIDENTE: Miguel Chamosa Martín
PRESIDENTE ELECTO: Cristino Suárez López de Vergara
VICE - PRESIDENTE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA: Emilio Lagarón Comba
VICE - PRESIDENTE CIRUGÍA ESTÉTICA: Manuel Sancho Jiménez
SECRETARÍA GENERAL: Marta García Redondo
VICE – SECRETARIO: César Casado Sánchez
TESORERA: Ana Jiménez López

VOCALES:

SANIDAD PÚBLICA: Elena Lorda Barraguer
SANIDAD PRIVADA: José Luis Vila Moriente
RELACIONES INSTITUCIONALES: Jesús Baron Thaidigsman
RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN: Francisco Javier Fregenal García
RELACIONES CON LOS MEDIOS Y PÁGINA WEB: Gustavo Sordo Miralles
ÉTICA: Carlos del Cacho García
DOCENCIA Y FORMACIÓN CONTINUADA: Mª Dolores Alconchel Montorio
RESIDENTES: Andrés Maldonado Morillo

La fructosa podría provocar obesidad

Un grupo de científicos usó imágenes tomadas por resonancia magnética para demostrar por primera vez que la fructosa, un tipo de azúcar cada vez más común en la dieta estadounidense, puede provocar cambios en el cerebro que podrían llevar a comer en exceso.

Después de tomar una bebida endulzada con fructosa el cerebro no estimula la sensación de saciedad como lo hace cuando se consume glucosa simple, según los investigadores.

El estudio es pequeño y no demuestra que la fructosa, o su pariente, el jarabe de maíz de alta fructosa, pueden causar obesidad, pero los expertos señalan que agrega evidencia de que podrían influir en ello. Estos azúcares suelen ser agregados a los alimentos y bebidas procesados, y su consumo ha aumentado exponencialmente desde la década de los 70, al igual que la obesidad.

Los azúcares son diferentes, incluso aunque contengan la misma cantidad de calorías, porque se metabolizan de diferente manera en el cuerpo. El azúcar blanco se llama sacarosa, tiene mitad de fructosa y mitad de glucosa. El jarabe de maíz de alta fructosa tiene 55% fructosa y 45% glucosa. Algunos expertos en nutrición hablan que este endulzante podría representar riesgos especiales, pero otros, incluida la industria alimenticia, rechazan esa afirmación. Los médicos simplemente dicen que comemos demasiada azúcar en todas sus formas.

Para el estudio, los científicos usaron imágenes tomadas por resonancia magnética para revisar el flujo sanguíneo en el cerebro en 20 personas jóvenes con peso normal antes y después de que consumieran bebidas con glucosa o fructosa durante dos sesiones, con varias semanas de diferencia.

Las imágenes captadas mostraban que beber glucosa “apaga o suprime la actividad de las zonas del cerebro que son cruciales para el apetito y la saciedad por los alimentos”, dijo uno de los líderes del estudio, el médico endocrinólogo de la Universidad de Yale Robert Sherwin. Con la fructosa “no vemos esos cambios. Como resultado el deseo de comer continúa, no se apaga” añadió.

Los investigadores ahora estudian a la gente obesa para ver si reaccionan igual a la fructosa y a la glucosa que como lo hizo la gente con un peso normal en el estudio.

Dos nuevas mutaciones se asocian con una cardiopatía hereditaria grave

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) han descubierto dos mutaciones asociadas a una cardiopatía hereditaria grave, la miocardiopatía no compactada del ventrículo izquierdo (LVNC). Su hallazgo se ha publicado en la revista Nature Medicine.

Los autores del trabajo, dirigidos por el coordinador del Programa de Biología del Desarrollo Cardiovascular, José Luis de la Pompa, han demostrado que las mutaciones en el gen MIB1 son responsables de la LVNC hereditaria, que afecta a numerosas familias en todo el mundo.

Los pacientes con esta patología sufren un deterioro de la función contráctil ventricular debido a la presencia en la edad adulta de trabéculas, “unas crestas de músculo cardiaco, recubiertas por endotelio cardíaco, que crecen hacia el interior de los ventrículos durante el desarrollo y forman una malla compleja similar a la estructura de una esponja”, explican los autores.

Puede requerir un trasplante en casos severos

La enfermedad puede provocar una insuficiencia cardiaca grave que requiere un manejo muy cercano y, en los casos más severos, el trasplante cardiaco es la única opción terapéutica. Además, incluso los pacientes con una función contráctil relativamente normal, tienen un riesgo elevado de tener arritmias graves, ocasionando muerte súbita, e incluso embolias cerebrales.

“Aunque se sospechaba que el origen de este defecto ventricular estaba en el desarrollo fetal, es la primera vez que se demuestra de forma tangible en un modelo experimental”, señala de la Pompa.

El investigador aclara que ya se habían identificado otros genes asociados a la enfermedad, que codifican proteínas estructurales del músculo cardíaco. Sin embargo, esta es la primera vez que se identifican mutaciones en un gen que codifica una proteína requerida para la correcta activación de una vía de señalización, en concreto la vía conocida como Notch.

Este hallazgo tiene grandes implicaciones clínicas ya que podrá ser incorporado en la batería de análisis genéticos en pacientes con miocardiopatía no compactada e incluso en pacientes con afectaciones ventriculares inciertas.

Enfermedad aún sin tratamiento

“El problema es que no existe un tratamiento para esta enfermedad, más allá de un estilo de vida reposado, el implante de desfibriladores automáticos para tratar las arritmias malignas y, en ocasiones, la administración de anticoagulantes para prevenir las embolias cerebrales, acompañado de una monitorización por parte de los especialistas”, añade el experto del CNIC.

Una vez publicado este trabajo, además del estudio clínico del pronóstico de estos pacientes, los autores continúan trabajando a nivel molecular con este hallazgo. “Nuestro siguiente paso está siendo desarrollar células pluripotentes inducidas de estos pacientes para estudiar su capacidad de diferenciación en cardiomiocitos (células contráctiles del miocardio); esperamos sacar más información de este experimento”, señala de la Pompa.

El autor indica que es aventurado hablar de que estos hallazgos pueden tener aplicación terapéutica, aunque asegura que son muy importantes para conocer más sobre la enfermedad y desarrollar dianas de diagnóstico.

“El nivel de preocupación de la enfermería es enorme” denuncia el CGE

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, en un encuentro con los medios de comunicación, se ha mostrado preocupado con la situación que se está atravesando en la sanidad española, con continuos recortes por parte de las Comunidades Autónomas, y ha alertado a las autoridades sanitarias que podemos estar encima de un “polvorín a punto de estallas”.

El Pacto de Estado ha vuelto a ser, una vez más, la solución propuesta por parte del presidente de los enfermeros españoles para salvar el sistema sanitario. “Hace falta despolitizarlo”, ha afirmado, debido a que “hay un desconcierto absoluto en estos momentos, con medidas distintas en uno y otro sitio y con profesionales hundidos y desmoralizados”. Esto provoca “un clima de desconfianza brutal” pero “dudo de que el sistema se haya deteriorado tanto como para perder la confianza de los ciudadanos”. Por eso González Jurado propone que “los dos grandes partidos hagan un ejercicio de responsabilidad y se sienten a hablar. Los profesionales estamos deseando ayudar, pero hace falta que haya un horizonte. No se pueden tomar medidas de cualquier manera que, además, no son coincidentes en ningún territorio”.

Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales


González Jurado ha hecho un análisis riguroso del actual Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales desde una perspectiva puramente sanitaria. De esta manera, se han explicado las importantes consecuencias que esta futura normativa va a tener para los pacientes, para la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria y para los propios profesionales sanitarios. Para González Jurado se trata de una apuesta por la modernización de los colegios profesionales como órganos reguladores de sus profesiones y su adaptación a la realidad europea, algo que el sector venía demandando desde hace muchos años. Así, ha señalado que con el actual proyecto normativo “ganamos todos: el paciente, en el caso de las profesiones sanitarias, porque van a estar muy protegidos sus derechos; el profesional, que se va a ver respaldado en sus buenas prácticas profesionales, y el propio sistema sanitario”.


Defensa de los pacientes

Con la nueva ley de servicios profesionales, se está ahondando aún más en la defensa de los ciudadanos dado que “el papel de los colegios profesionales debe garantizar tres cosas: la imparcialidad, la independencia y el secreto profesional, tal y como reflejaba la propia Directiva de Servicios Profesionales, modificando y modernizando, a su vez, la organización de los propios colegios profesionales. Disposiciones con las que el Consejo General de Enfermería no podía estar más de acuerdo”.

La nueva regulación también introduce, por primera vez, una clara separación de poderes en los colegios profesionales. Separación que se ha solicitado desde el propio Consejo General de Enfermería, pues si bien el poder legislativo sí estaba reconocido como tal, a través de las asambleas generales, tanto de los colegios provinciales, como del propio Consejo General, el poder ejecutivo y el judicial confluyen en las juntas directivas o de gobierno, de las que dependen las comisiones deontológicas. “Las comisiones pueden abrir un expediente, pero no tienen capacidad ejecutiva de las decisiones que tomen, sino que deben ser adoptadas por la junta directiva, algo que resulta inaceptable hoy en día”.

Por su parte, la ley de mediación aprobada el año pasado ha considerado a los colegios profesionales como elemento de mediación y arbitraje. Establece que los mediadores deberán tener una formación complementaria, específica en el ámbito de la mediación, para ser especialistas en este ámbito.

Régimen de incompatibilidades


“Yo no puedo ser presidente de un colegio, y al mismo tiempo ser miembro de un consejo de administración de una compañía de aseguramiento, porque puedo tener que tomar decisiones en el ámbito de ordenación profesional y deontológico que pueden colisionar con los intereses que tiene esa compañía”. Lo mismo sucede con los directivos de una organización política o una organización sindical. En todos estos casos, para González Jurado la incompatibilidad “ha de ser totalmente rígida”.

Asimismo, ha señalado que, desde el Consejo General de Enfermería, se ha solicitado al Ministerio de Economía que, entre las incompatibilidades, se incluya también a los liberados sindicales “pues es una situación en la que se menoscaba el nivel de independencia claramente”.

Por otro lado el Consejo General de Enfermería ha solicitado la inclusión de la recertificación obligatoria de los profesionales. “No puedo entender que por el mero hecho de tener un título profesional, ese título habilite para toda la vida. Mucho menos en ámbitos protegidos y regulados como son las profesiones sanitarias”, afirmaba González Jurado.

“Es práctica habitual en Europa que, por cada cierto número de años, el profesional tenga que demostrar que sigue siendo competente”. Se trataría del “simple mantenimiento de competencias a través de la práctica profesional y la formación continuada. Eso es lo que puede hacer que garanticemos que el profesional sigue manteniendo su competencia, pues es una obligación ética para con el paciente”.

Pie de foto portada Máximo González Jurado y Pilar Fernández, presidente y vicepresidenta, respectivamente, del Consejo General de Enfermería de España.

**Publicado en "CON SALUD.ES"