El número de condenas por delito de atentado tras agresiones a los profesionales sanitarios se ha incrementado en un 86% desde 2009. Así lo ha comentado hoy la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, durante comisión parlamentaria, donde ha recordado que fue en 2007 cuando se iniciaron conversaciones y reuniones con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en las que se le trasladó el empeño de la Consejería por que este tipo de situaciones se condenaran como delito de atentado hacia un funcionario de la Administración pública.
Desde entonces, ha señalado Montero, “los órganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto, aumentándose sensiblemente el número de condenas de este tipo durante los últimos años”.
De hecho, de las 245 asistencias letradas registradas en 2012, un total de 201 han sido sentencias condenatorias, y de ellas, 21 lo han sido por atentado. Esto supone que las condenas por delito de atentado se han incrementado en un 86% desde 2009 (cuando se registraron 3).
La consejera ha recordado que la prevención de las agresiones a los profesionales durante la prestación de la asistencia sanitaria “ha sido siempre, y seguirá siendo, una prioridad de la Consejería de Salud y Bienestar Social”, así como que el plan “fue fruto del trabajo realizado en Mesas Técnicas de Sanidad” en las que participaron junto a la Administración, las centrales sindicales (CCOO, UGT, CSIF y CEMSATSE) y que contó con el apoyo de organizaciones colegiales y las asociaciones de consumidores y usuarios. El plan se elaboró, además, en sintonía con las directrices establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, y fue una iniciativa pionera en España, que ha marcado el paso de planes posteriores de algunas Comunidades Autónomas.
En el marco del Plan de Prevención de Agresiones nació el registro, una herramienta que en sus ocho años de aplicación ha permitido dotar a los profesionales de la sanidad pública de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.
En esta línea, el Servicio Andaluz de Salud está trabajando actualmente en la modificación del registro de agresiones a profesionales a fin de proponer medidas de seguridad acordes a la problemática que presenta cada centro. Así lo ha anunciado la consejera de Salud y Bienestar Social en comisión parlamentaria, donde ha señalado que para ello se está ampliando la información que se recoge en dicho registro.
Plan de Prevención de Agresiones
El Plan de Prevención de Agresiones, que se va adaptando a las nuevas necesidades que se van presentando, establece un protocolo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una situación de violencia. Para ello, el Servicio Andaluz de Salud realiza una labor de difusión y formación de los profesionales.
Tanto es así que se desarrollan actividades formativas que abordan, desde posibles herramientas para promover el respeto mutuo entre profesionales y los usuarios, hasta la capacidad de los profesionales para realizar y recibir una crítica, dar una mala noticia y manejar el estrés, entre otras.
Para hacer más accesible este tipo de formación, desde 2008 está disponible de forma on line en la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Más de 40.000 profesionales han hecho uso de ella.
Asimismo, el plan incluye la puesta en marcha de medidas de seguridad activa y pasiva en los centros y ofrece asistencia jurídica y psicológica a los profesionales afectados, quienes, además, podrán ser trasladados a otro centro para garantizar un desarrollo de su actividad normalizado.
De hecho, el Servicio Andaluz de Salud ha invertido más de 160 millones de euros en la implantación de dispositivos tecnológicos que garanticen un contexto seguro y de confianza para los profesionales. De hecho, existen más de 2.000 timbres antipánico; 1.446 interfonos; 1.559 teléfonos directos con seguridad; 555 salidas alternativas y 1.191 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos. Además, ya se han implantado en Andalucía 3.500 botones antipánicos. Se trata de una clave de seguridad que se activa en el teclado del ordenador y que permite dar aviso inmediato frente a situaciones conflictivas. Los dispositivos sanitarios móviles, por su parte, cuenta con GPS en ambulancias (66 en total) y con timbres para avisar de una posible incidencia (24). Asimismo, hay en torno a 600 vigilantes de seguridad en los centros sanitarios cada año, un servicio cuya contratación se ha mantenido estable en el tiempo.
Registro de agresiones
El registro, alimentado por las 36 Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros asistenciales del SAS, permite identificar la causa que origina el acto violento, la distribución de las mismas entre primaria y hospitalaria, y las categorías profesionales que más situaciones de este tipo sufren.
Concretamente, desde que en 2005 naciese, se han contabilizado un total de 1.734, de las que 214 tuvieron lugar en 2012. La distribución sobre el nivel asistencial en el que habitualmente tienen lugar este tipo de actos violentos es el siguiente: 52% en Atención Primaria (donde se realiza el 65% de la actividad asistencial) y 48% en hospitalaria. Asimismo, prácticamente el 80% de los episodios se produce contra personal sanitario y el 20% contra personal no sanitario. Dentro del personal sanitario, el de enfermería es el que registra mayor número de agresiones, y los celadores entre los no sanitarios.
