La entrada en vigor, este pasado fin de semana, de la norma (Real Decreto Ley 16/2012) que dejará sin atención continuada a los inmigrantes en situación irregular ha llevado a la Asociación Española de Neuropsiquiatría – Profesionales de Salud Mental (AEN-PSM) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) a alertar de los riesgos que esta medida tiene en el bienestar de los pacientes con problemas de salud mental. Ambas sociedades coinciden en recordar que haber abandonado de golpe la asistencia continua de estas personas con enfermedades mentales graves se les está condenando a sufrir recaídas y, en consecuencia a que sean atendidas de urgencia. De hecho, en estos casos, el control y la recuperación no se consigue con intervenciones urgentes, puntuales y aisladas, sino con procesos integrados, coordinados y multidisciplinares. Además como en un porcentaje de casos graves estas personas arrastran dificultades sociales y psicosociales, la exclusión sanitaria les coloca claramente en una situación de riesgo de marginación social.
En el inmigrante “irregular” y sin posibilidad de acceder a recursos privados, se complica extraordinariamente llevar a cabo un seguimiento cercano al desaparecer los dispositivos intermedios. Sin atención continúa los expertos advierten igualmente de que deja de ser posible hacer prevención secundaria y recuerdan que en muchas comunidades autónomas el manejo se aborda en red siendo la vía de acceso a los recursos de rehabilitación y soporte a través de la red sanitaria de salud mental, con la que se realiza un trabajo coordinado y complementario. En ese sentido, quedarse fuera de la red sanitaria puede suponer la pérdida de prestaciones y servicios de otras redes de atención al trastorno mental grave. Desde la Administración no se puede proponer que sean las ONGs las que asuman el cuidado de estos pacientes porque no las hay especializadas en esta tarea para los casos graves y las pocas que trabajan en salud arrastran una situación crítica resultado de la retirada de ayudas.
Colectivo de riesgo
Una situación administrativa irregular representa por sí misma, según las dos sociedades científicas, un factor de estrés de primer orden; de ahí que ya, de entrada, estos inmigrantes corran mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental (frecuentes detenciones policiales, necesidad de esconderse, problemas de integración sociocomunitaria…) que deben abordarse con un enfoque transcultural. Asimismo en estas circunstancias se incrementan los problemas de cumplimiento de la medicación y se corre un mayor riesgo de comorbilidad (drogas, procesos infecciosos…).
Argumentos generales contra la ley
Tanto semFYC como AEN-PSM auguran que la nueva ley no tendrá relevancia económica y, por el contrario, quebrará el principio de asistencia universal. Creen que hay otras medidas posibles que pueden contribuir a mejorar la calidad y eficiencia del SNS. Asimismo desean aclarar que aunar el derecho a la asistencia de personas inmigrantes con el llamado turismo sanitario no solo es un modo de estigmatizar aún más a dicho colectivo, que con frecuencia ha trabajado en nuestro país aceptando los salarios más bajos, cuando no su utilización como trabajadores ilegales, sino contribuir a la confusión de la población.
Para ambas entidades, hay estudios suficientes realizados en nuestro país que avalan que los inmigrantes son menos frecuentadores que los autóctonos. De hecho, los trabajos al respecto revelan que los inmigrantes usan mucho menos el sistema sanitario. Una explicación sería que la mayoría de inmigrantes “irregulares” son jóvenes y sanos (especialmente los de los países pobres). Opinan que el “turismo sanitario” no tiene nada que ver con dejar sin acceso a todas las personas que realmente viven en territorio español. Es más: en salud mental el perfil del afectado responde al de un tipo de paciente que no sólo no reclama la atención sino que incluso la evita
Las medidas recogidas en el Real Decreto contradicen todos los principios éticos de las profesiones sanitarias, cuya vocación y obligación por preservar la vida, prestar auxilio y minimizar el sufrimiento está recogida en sus códigos deontológicos y diversas declaraciones mundialmente reconocidas desde el Juramento Hipocrático hasta la actualidad. Las restricciones en el acceso a la condición de asegurado excluirán a personas sin residencia legal o mayores de 26 años sin afiliación previa que, en muchos casos, pertenecen a sectores de población especialmente vulnerables cuyas garantías como titulares de derechos están ampliamente protegidas en numerosos tratados, convenios y leyes en vigor en el estado español: mujeres en situación de dependencia económica, mujeres que hayan sufrido violencia, personas con discapacidad, y personas con trastornos mentales graves que tienen especiales dificultades para acceder por primera vez al circuito asistencial, especialmente cuando no lo hayan hecho antes de los 26 años.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto las dos sociedades han apelado a razones científicas, económicas, pero sobre todo éticas para animar a los profesionales a ejercer el derecho de disidencia y desobediencia ante un decreto que se considera injusto, regresivo y carente de ética. El pasado 11 de julio la semFYC anunció la creación de una red de objetores contra este aspecto concreto del Real Decreto. En este momento se han registrado más de 1.800, donde además de médicos de familia y psiquiatras también hay personal de enfermería, pediatras e internistas, entre otras especialidades. La AEN-PSM, como organización de profesionales de salud mental, se ha sumado a esta iniciativa.
