Ante las declaraciones realizadas por el PP sobre el concurso de fármacos y privatización de la sanidad, la Consejería de Salud y Bienestar Social quiere manifestar que:
- Con este tipo de declaraciones el PP demuestra una clara falta de respeto al auto y a la labor del Tribunal Constitucional respecto al concurso de fármacos puesto que todos sus argumentos han sido desmontados. Llama la atención que la señora Corredera, primero, y la ministra Mato, después, intenten quitar importancia a la labor de este tribunal aportando datos que el Tribunal Constitucional en su propia exposición de motivos considera inconsistentes.
- Cualquiera que haya seguido este procedimiento judicial y que no quiera malinterpretar las decisiones judiciales conoce que el pronunciamiento del TC corresponde al auto de levantamiento de las medidas cautelares del recurso interpuesto por el Gobierno de España contra el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Farmacia, en el que se regula el concurso de fármacos. En ningún caso se ha interpretado de otra manera.
- En este auto, el Alto Tribunal se pronuncia claramente en contra de cada uno de los argumentos utilizados por la Abogacía del Estado para mantener la suspensión cautelar y, de hecho, la propia vicepresidenta del Gobierno ha manifestado que acatará la decisión del Tribunal, por lo que no se entiende que ahora desde el Partido Popular en Andalucía se ponga en duda dicho pronunciamiento judicial e incluso contradiga las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría a no ser que dentro del rechazo que han mostrado por este auto el acatamiento sea con la boca pequeña
- En el auto, el Tribunal Constitucional aunque no entra en el fondo del conflicto de competencias, sí que argumenta el levantamiento de las medidas cautelares en que: “Los intereses particulares de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los generales de reducción del gasto farmacéutico”.
- Precisamente, éste es uno de los argumentos principales que ha venido esgrimiendo la Junta de Andalucía para realizar el concursos de fármacos, que el ahorro farmacéutico no repercuta en el bolsillo de los ciudadanos, tal y como está haciendo el Gobierno central, sino en el margen de beneficio de las empresas farmacéuticas.
-La Junta de Andalucía nunca va a pedir perdón a los ciudadanos por impactar los ahorros necesarios en Andalucía en las cuentas abultadas de las grandes farmacéuticas y no pedirles más esfuerzo a los usuarios y en cambio el Gobierno nacional y el Partido Popular sí que tendrán que disculparse ante la ciudadanía por impactar en los colectivos más desfavorecidos los nuevos copagos que van mañana al Consejo Interterritorial y que penalizará a los usuarios de transporte sanitario, de dietoterápicos o de ortoprótesis.
- En cuanto a las acusaciones sobre privatización en la sanidad andaluza en las que han coincidido hoy al dedillo tanto la señora Corredera como la ministra Mato, el Partido Popular debería ser honesto con los ciudadanos y predicar lo mismo que en comunidades como Madrid donde defiende la privatización a capa y espada. La señora Corredera y ka ministra Mato acusan sin fundamento en una cantinela carente de todo rigor al Gobierno andaluz de privatizar la sanidad cuando son sus compañeros de partido en Madrid los que están apostando por este modelo de privatización, que además es más ineficiente que el sistema público.
- El Gobierno de Andalucía está en contra de la hoja de ruta de privatización del Partido Popular tanto en la sanidad pública como en otros sectores. Las medidas de eficiencia puestas en marcha por la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra el concurso de fármacos, persiguen precisamente la sostenibilidad de la sanidad pública andaluza sin tener que entregarla a manos privadas.
- En su afán por defender lo indefendible, la señora Corredera y la ministra Mato olvidan que Andalucía es uno de los modelos que se ponen de referencia en ámbitos internacionales cuando se habla de sistemas sanitarios que tienen prácticamente el 100% de la provisión pública.
- En ningún caso en Andalucía hay un modelo de gestión ni por asomo parecido al que se va a implantar en los hospitales públicos y hasta en los centros de salud de la Comunidad de Madrid que van a pasar a manos de empresas privadas que se encargarán de la gestión de estos centros, incluido el personal sanitario y la atención sanitaria. No hay uno solo de los 47 hospitales públicos de Andalucía y de los más de 1.500 centros de salud que estén ni vayan a estar en esta situación. Todos son públicos, con gestión pública, personal público y atención pública.
- En el sistema sanitario público hay una actividad complementaria que se hace en el ámbito privado pero mediante la figura de los conciertos. Así, en el presupuesto del año 2013 para la Consejería de Salud y Bienestar Social, sólo el 3,7% del montante se destina a esta partida, un porcentaje que ha bajado desde el 4,5% del año anterior. Esta actividad concertada supone sólo el 3,6% de las consultas de especialista y menos del 8% de los ingresos hospitalarios que se producen en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, una actividad que en ambos casos ha bajado en los últimos años un 20%. De tal manera que mientras que Madrid incrementa la privatización de los servicios y vende el sistema público a los intereses privados, en Andalucía se trabaja para mantener un sistema de financiación pública y, sobre todo y ésta es la diferencia con Madrid, de provisión pública, cada vez más resolutivo y sostenible puesto que más del 96% de la atención es con medios propios y absolutamente públicos.
-A las pruebas nos remitimos: el sector privado había construido en Andalucía dos centros sanitarios con vistas a que se pudieran concertar por el Sistema Sanitario Público (es el caso de Lepe y Montilla) y Andalucía prefirió construir sus propios hospitales que hoy se suman a la red de infraestructuras puestas a disposición de los andaluces.
-De los 11 hospitales inaugurados desde 2005 en Andalucía, el 100% es público, con financiación y provisión públicas.
-Dado que el Partido Popular está empecinado en confundir a la ciudadanía con esta realidad que es incontestable, y dadas las declaraciones irresponsables de sendas políticas, Andalucía se está planteando eliminar el escaso 3.7% de actividad que tiene concertada y que el 100% de la actividad sanitaria en Andalucía sea de provisión pública.
- En cuanto a las prestaciones sociales, el modelo de atención a las personas en situación de dependencia es distinto al sanitario y se realiza mayoritariamente y en toda España a través del denominado Tercer Sector, lo que es bien sabido por todos los que tienen un poco de conocimiento en el tema. Con esto, la señora Corredera ha hecho el más absoluto de los ridículos al demostrar su desconocimiento de este ámbito y haberse tirado a hacer estas declaraciones sin tenerlo en cuenta.