El Decreto-ley de la Comunidad Valenciana por el que se pretende modificar el sistema de concertación con las farmacias para la dispensación de los medicamentos financiados públicamente, no sólo ha generado preocupación entre los profesionales de las farmacias sino que, desde el punto de vista jurídico, resulta difícil de interpretar e, incluso, de cómo podrá llevarse a la práctica. Así se puso de manifiesto en la mesa redonda que, en las Jornadas Farmacéuticas Valencianas, se desarrolló en la tarde/noche de este jueves en Valencia, para la que se contó con la participación de cinco especialistas a fin de que analizaran desde el punto de vista jurídico el Decreto-Ley 2/2013, de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica, y cuyo fondo, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de la sesión, es imponer un nuevo concierto a las farmacias en condiciones económicas favorables para la Administración, en un momento en que sus finanzas se están resintiendo hasta el punto de que, en este momento, todavía adeudan tres meses y medio de abono a las farmacias valencianas por los medicamentos dispensados con cargo a fondos públicos.
JORNADA PARTICIPATIVA
Aprobado y publicado el Decreto-Ley 2/2013 de la Generalidad Valenciana, e incluso comenzado a aplicar con carácter experimental en uno de sus puntos (el servicio a domicilio de productos farmacéuticos), la convocatoria de la primera mesa de las Jornadas Farmacéuticas Valencianas contó con una respuesta significativa del sector, como supuso que, en apoyo de las farmacias valencianas, la empresarial FEFE hubiera convocado para la mañana de ese mismo día su Asamblea General en Valencia y su junta directiva, con su presidente Fernando Redondo al frente se personara en dicha mesa. Y cabe citar, entre otros asistentes, a los presidentes de los Colegios de Farmacéuticos de Lugo, Ana Prieto, y de Sevilla, Manuel Pérez. Y entre los aspectos que con carácter general se pusieron de manifiesto a lo largo del acto fueron la referencia a que la norma aprobada se utilizaba como amenaza al sector, al tiempo que se había utilizado la forma del Decreto Ley para imponer las medidas, pues sólo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional.
UNA FARMACIA UNIDA
En su intervención de apertura de la mesa, María Teresa Guardiola, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia y en estos momento del Consejo Autonómico de Colegios, después de haber calificado de injusto e innecesario el Decreto Ley, y que además llegaba cuando el problema de los impagos estaba en vías de solución, trató de responder de por qué se hacía esto a Valencia, dando a entender que no era un planteamiento aislado en la actual política general de sanidad. La respuesta, reiterada a lo largo de su intervención, era porque se pretendía generar la desunión entre los farmacéuticos en un momento en que están más unidos que nunca, como se había puesto de relieve a lo largo de las reclamaciones de los pagos por los medicamentos dispensados con recetas del Seguro. Nunca, afirmó la presidenta valenciana, había habido mayor representación de unidad. Y, por otro lado, se actúa sobre Valencia porque se ha convertido en modelo de referencia, como, en su día, también se había demostrado con su decisión de sacar adelante una proposición de Ley de Iniciativa Popular (la ya conocida LIP), así como en su personación en Bruselas en defensa del modelo mediterráneo de farmacia. De todos modos, y ante la actual situación creada, María Teresa Guardiola se pronunció a favor de convivir con un decreto que calificó de ilegal, al tiempo que, en paralelo, se abre la vía de negociación para un nuevo concierto, que es lo que toca. Eso sí, con una serie de líneas rojas bien definidas (el pago de la deuda pendiente, la negociación de un concierto para todas las farmacias, la negativa al suministro a domicilio y el rechazo a la dispensación de medicamentos en centros de salud).
MESA REDONDA
Los intervinientes en la mesa redonda para el análisis jurídico del Decreto ley 2/2013 fueron Miguel Mancebo Monge, farmacéutico y abogado; José Marí, abogado del Estado; Rafael Ariño, profesor de Derecho Administrativo; José Antonio García Trevijano, profesor de Derecho Administrativo y letrado del Consejo de Estado; y Juan Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado. Con carácter general, y dado que se insistió sobre la posible inconstitucionalidad de la norma, sí se advirtió que la misma era una especie de amenaza a fin de que, en la negociación del nuevo concierto, se aceptaran las condiciones impuestas por la Administración pues, de acuerdo con el texto legal, podría actuar de otra manera.
CONCERTACIÓN. UNIDAD. INCONSTITUCIONALIDAD
José Marí, que intervino en primer lugar, consideró que el Decreto Ley tenía graves inconsistencias y que su objetivo era romper la unidad de los farmacéuticos tratando de romper el régimen único de concertación con las farmacias, pese a que éste supone una garantía para los pacientes; a su juicio, se quiebra el principio de igualdad en el acceso a la asistencia. Además, otorga una facultad omnímoda a un persona (no se sabe quién) para decir con quién se concierta o no. El problema de fondo radica en que, al tratarse de un Decreto Ley, sólo se puede actuar contra el mismo a través del Tribunal Constitucional. Sobre el aspecto de la constitucionalidad, José A. García Trevijano advirtió que el legislador tenía de su lado el que la Constitución no establece un modelo de farmacia y, por tanto, cuenta con margen para cambiarlo. De todos modos, la norma valenciana sí colisiona en algunos de sus contenidos (como la distribución domiciliaria) con la normativa estatal básica. Y sorprende que, a través del Decreto Ley, se pretenda actuar sobre el precio de los fármacos cuando el concierto lo único que regula es cómo el farmacéutico va a recuperar lo que ha adelantado a la Administración al dispensar medicamentos con cargo a fondos públicos. Y resulta llamativo, según García Trevijano, que el Decreto Ley mecanismos para la desaparición de los conciertos. Rafael Ariño fue el más contundente en manifestarse sobre la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que empeora la asistencia, pues se supone que la labor del legislador autonómico se constriñe a la mejora de lo establecido con carácter general. Y para Ariño ni los algoritmos que delimitan la prescripción, ni la dispensación domiciliaria, ni la concertación individual mejoran la situación del paciente, sino que la empeoran. Desde otro punto de vista, Juan Rodríguez Cárcamo, que también se refirió a la concertación individual como indeseable, se pronunció por la vía jurídica contra algunos de los contenidos de la norma, con especial referencia a la entrega directa de productos farmacéuticos, pues no se cumplía con la legislación general en tal aspecto. Y dado que existe una normativa anterior sobre la concertación individual de las farmacias, la de Navarra, el jurista puso de manifiesto que, de momento, no se había aplicado y que, además, se encuentra en el Tribunal Constitucional. Finalmente, para Miguel Mancebo Monge, el Decreto Ley contraviene la legislación exclusiva del Estado, aunque deberá esperarse a su desarrollo, para su aplicación, a fin de actuar con el mismo.
**Fuente: COF VALENCIA
