La Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad (PMcM), y la Patronal de
la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC), se han sumado a las
reivindicaciones del sector farmacéutico de Cataluña, mostrando todo su apoyo a
estos profesionales que “sufren la lacra de la morosidad, para que de una vez
por todas se resuelvan los problemas ajenos de tesorería que padecen”, denuncia
el presidente de PIMEC, Josep González.
Por su parte, el presidente
de la PMcM, Antoni Cañete, solicita “a los dos gobiernos, el catalán y el
central, que se pongan de acuerdo en materia fiscal, para que no sean las
farmacias las que se encuentren con el problema, y que éste, a su vez,
trascienda a la ciudadanía, atentando contra la salud, puesto que las
farmacias, al no cobrar, no pueden pagar los medicamentos y, por tanto, les
resulta imposible disponer de ellos para la venta al público. Ya no estamos solo
ante un problema de cierre de empresas y despidos de empleados a causa de la
morosidad, sino de un hecho que afecta al ciudadano de a pie, y lo que es más
preocupante, a la salud”.
Para Cañete, una de
las soluciones factibles y eficaces sería que el Ejecutivo pusiera en marcha el
mecanismo de financiación directa para el pago a proveedores a través del Instituto
de Crédito Oficial, lo que es conocido como el ICO Proveedores.
Por un pacto político-empresarial contra la morosidad
La PMcM ha
organizado para el 7 de noviembre en Madrid un evento con el que pretende promover
un gran pacto político-empresarial en intenciones y compromisos para reducir
los plazos de pago en España. El acto, al que ya se han inscrito más de 200
organizaciones empresariales, contará con una gran representación
institucional, desde el director general
del Área de Industria de la Comisión
Europea (Daniel Calleja) hasta el secretario
de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, pasando por os representantes de Economía de todos los grupos políticos que
configuran el Congreso de los Diputados y diversos expertos en morosidad de los ámbitos empresarial, jurídico y
económico.
Durante esta II Cumbre de Morosidad los
participantes expondrán propuestas
para reducir el índice de impagos a proveedores y también realizarán un análisis exhaustivo de la situación de
la morosidad en España, una lacra que según datos de la PMcM ha causado el
cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el
inicio de la crisis.
Otros datos de estudios anteriores de
la PMcM
Según
el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del plan de pago a
proveedores (que logró saldar deudas por 27.000
millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones
Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto
y seguido en la lucha contra la morosidad.
Aunque
el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que
estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”,
asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Concretamente,
las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más
que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año
anterior (162 días). Por su parte,
en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo
que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas
para 2011 (98 días).
Datos
del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o
acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de
pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En
esta línea, Cañete recuerda que tanto la
Ley española como la Directiva Europea obligan ya a las Administraciones
Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y
a 60 días, respectivamente.
El
informe también apunta que el ratio de
morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se
cifró en el 7%, lo que significó un
estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto
de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora,
frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012.
Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que
al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la
Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la
desconozca”.
Por otra parte, la PMcM
realizó un análisis de los balances del sector no financiero publicados por la
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), según el cual, en líneas
generales, algunas empresas que cotizan en el selectivo grupo del IBEX 35
pagaban en 2012 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por
la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad. Aunque estas grandes compañías
redujeron en 2012 en un 13% su plazo medio de pago a proveedores con respecto
al año anterior, lo cierto es que el período medio alcanzó los 178 días, más
del doble del máximo fijado por la ley para ese año (75 días).
Por sectores, el de la
Construcción e Inmobiliario fue el peor pagador, alcanzando los 301 días de
plazo medio de pago en 2012. Le siguieron, Servicios y Comercio (248), el
Industrial (215), y el de Energía (109). Excepto el sector Industrial, que
experimentó un incremento del plazo medio de pago de un 1% respecto a 2011, el
resto de sectores registraron mejoras. Las empresas cotizadas en el selectivo
grupo del IBEX 35 pertenecientes al segmento de la Construcción e Inmobiliario
lo redujeron en un 22% y las de Energía un 17%, mientras que en Comercio y
Servicios tan solo descendió un 3%.
Sobre la PMcM
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a
entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a
cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000
millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y
autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su
legitimación activa en este ámbito.
