La Consejería de Sanidad, mediante la resolución vigente desde el 1 de julio, obliga a los médicos a exigir a los pacientes crónicos desplazados durante un periodo inferior a 90 días a traer la medicación necesaria para su tratamiento o bien las recetas validadas en su comunidad autónoma de origen.
Esta medida está afectando a muchas personas de avanzada edad procedentes sobre todo de Madrid, Asturias o País Vasco y que tienen una segunda residencia en la Comunidad Valenciana, la gran mayoría en la provincia de Alicante. El objetivo principal de esta orden es ahorrar en el gasto farmacéutico, aunque la Generalitat valenciana argumenta que es para evitar que el médico deba repetir las pruebas al paciente para confirmar que éste tiene una enfermedad crónica. Este sistema ya se ha implantado en otras comunidades, como en Castilla-La Mancha, donde se está aplicando desde hace un año.
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