El debate es recurrente. Pero falta una perspectiva: ¿de cuánto dinero
hablamos? El gasto público en Sanidad está, a grandes cifras, en 65.000 millones
de euros al año. Pero los presupuestos de las comunidades, que son las
encargadas de ofrecer el servicio,
sumaban
en 2011 los 57.400 millones, según los datos del Ministerio de Sanidad. Y
ahí está la causa del déficit, unos 7.600 millones anuales. Esta falta de fondos
tiene como reflejo
la
deuda creciente con los proveedores, que ronda ya los 16.000 millones si se
suman los laboratorios, suministradores de tecnología sanitaria, oficinas de
farmacia y otros (administración, seguridad, limpieza… etcétera).
Por otro lado, el
número
de recetas públicas fue, durante 2011, de 973 millones. Así que si se
cobrara un euro por todas, como mucho se recaudarían 973 millones (un 1,7% del
presupuesto total). Pero eso sería si no hubiera ningún tipo de excepción. Si se
aplicara la que existe ya con el actual sistema de copago (que los jubilados no
paguen, teniendo en cuenta que el importe medio de las pensiones en España está
en 800 euros al mes), la cifra tendría una reducción notable. Porque según
los últimos datos
del ministerio, el 71,13% de las recetas están a nombre de este grupo de
población. En ese caso esos teóricos 973 millones se quedarían, como mucho, en
280 millones. Y sigue siendo un cálculo al alza, ya que no se incluyen crónicos
–candidatos también a ser excluidos- ni excepciones como la de la no cobrar a
partir de la receta 62, como ha establecido Cataluña. Esos 280 millones
representarían el 0,49% del presupuesto, o el 4% del déficit.
Esto son solo elucubraciones. De hecho, Cataluña ha sido más rigurosa, y ha
incluido menos excepciones. Solo quienes reciban rentas de inserción (menos de
500 euros al mes porque no han cotizado) quedan exentos del pago.
Por otro lado, hay algunos factores que rebajan aún más la cantidad ingresada
al cobrar por receta. Porque lo normal sería que el número de estas bajara
algo.
Y hay otro factor, que no está incluido, que es el riesgo de un aumento de
costes. Estos empiezan por el de la gestión del proceso (que Cataluña ha
solucionado cargándoselo a las oficinas de farmacia). Además, habría que
cuantificar el peligro de que algún paciente, por no tomar la medicación y
ahorrarse los euros de las recetas correspondientes, desarrolle un proceso mucho
más grave, como han denunciado organizaciones médicas (empezando por la OMC) y
los portavoces parlamentarios de IU, Gaspar Llamazares, y PSOE, José Martínez
Olmos, en el Congreso, entre otros. Por ejemplo, puede ocurrir que se deje de
tomar un antihipertensivo y eso acabe con un ictus. Y un solo caso puede costar
miles de euros en tratamientos. Un
estudio
de la Universidad de Navarra cifra el menos grave (y más barato) de los
ictus en más de 67.000 euros. Esta cifra sería, por ejemplo, todo lo que podría
cobrar Galicia al ingresar un euro por receta durante todo el año, según los
datos que acaba de publicar Sanidad.
Las comunidades esperan a que se tome una decisión
conjunta
El de las recetas es el primero de los aspectos en los que se estipula con el
copago. Hay otras propuestas que se aplican en otros países, como cobrar por día
de hospitalización, por consulta o por urgencia. Pero en este caso, las cifras
son muy inferiores a las recetas. Por ejemplo, cada año se producen unos 5,3
millones de ingresos en hospitales, que generan 42,3 millones de días de
ingreso. Una de las opciones que se ha barajado es cobrar por los denominados
servicios de hostelería (la lavandería, la comida). Pero eso tiene, al menos,
tres objeciones. La primera, la económica. A un euro, la cantidad recaudada
sería aún menor que la conseguida gravando las recetas. La segunda, que en este
caso no hay efecto disuasorio sobre el paciente, ya que el ingreso lo decide un
médico, como indicó el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, cuando se debatió el
asunto en el Congreso. Y, la tercera, que alguno de estos aspectos, como la
alimentación o la higiene, deben considerarse parte del tratamiento, ya que de
no hacerlo convenientemente los riesgo serían, de nuevo, mayores que los
beneficios, en forma de malnutrición o infecciones.
También se ha elucubrado alguna vez con cobrar por las visitas a urgencias.
Al año se producen unos 27 millones. De ellas, aproximadamente tres millones
acaban en ingreso hospitalario, lo que es un buen indicador de que son visitas
necesarias (y, por tanto, difícilmente punible). Aun así, el 74% de ellas fueron
innecesarias, según el Barómetro Sanitario de 2009. Ello arroja unos 20 millones
de actuaciones que serían gravables. Claro que el gasto de estas actuaciones es
–o puede ser- muy pequeño: basta con una buena selección (triaje en el lenguaje
técnico) previo para que esas personas no sean atendidas y sean remitidas a
primaria, con lo que no generarían apenas gasto en ese servicio, como ha
indicado la
Sociedad de Medicinas de Urgencias y
Emergencias.
Por último, está la posibilidad de cobrar las consultas: 82 millones de
actuaciones al año, según datos de Sanidad. En algunos países como Alemania o
Italia, se cobra hasta 10 euros, lo que arrojaría 820 millones. De nuevo, aparte
de cuestiones como que se castiga al enfermo y de que habría que establecer
excepciones, tiene el riesgo de que no se prevenga una patología más grave, lo
que daría al traste con los ahorros.
Cataluña hace que las farmacias asuman el coste del
proceso
Esto no quiere decir que el déficit sea algo irresoluble. Para empezar, se
ocasiona porque no se presupuesta lo necesario, y eso es cuestión de elaborar
unas cuentas públicas realistas, como apunta la federación de Asociaciones para
la Defensa de la Salud Pública.
La posibilidad de aumentar los ingresos tiene otras opciones. Desde hace años
existe la opción de gravar los combustibles. Y, curiosamente, pese a la crisis,
seis comunidades (La Rioja, Baleares, Canarias, Aragón, País Vasco y Navarra)
todavía no lo han hecho. En la misma línea, el PSOE ya defendió durante la
pasada campaña electoral y lo ha llevado luego al Congreso una subida finalista
de impuestos al alcohol y al tabaco.
La otra posibilidad, claro, es reducir los gastos. El ejemplo más claro de
que esto se puede conseguir es el de los medicamentos. Las sucesivas medidas del
anterior Gobierno han conseguido que la partida de lo que se dedica a pagar a
las farmacias disminuya desde hace año y medio. Desde el momento de máximo gasto
(12.698 millones en los 12 meses de julio de 2009 a junio de 2010) al último
dato (10.999 millones entre marzo de 2011 y febrero de 2012) indican el ahorro
que se puede conseguir.
La opción de mejorar la eficiencia aporta mayores
ahorros
En esta línea está también el ahorro que se pueda conseguir con las compras
centralizadas. El primer intento consiguió r
ebajar
3,2 millones la factura de vacunas de la gripe, y la cifra va a aumentar
según se unan más comunidades y se extienda la medida a más suministros, algo
que el Gobierno actual ha ofrecido.
También en este sentido está la propuesta de Andalucía de subastar a la baja
el suministro de medicamentos a las oficinas de farmacia. Solo en la comunidad y
para los 16 grupos de fármacos se calculaba un ahorro de 41 millones.
El
PSOE afirma en una proposición que defendió –y perdió- en el Congreso que
extendiéndolo a toda España y ampliándolo se podría llegar a 1.500 millones.
Y, por último está la revisión de prestaciones, para financiar solo las que
de verdad sirvan. No hay una estimación de la capacidad de ahorro de esta
medida, pero sí hay algunos atisbos. La
Fundación Kovacs, experta en dolores de
espalda, cifra en unos 75 millones lo que se gasta en tratamientos inútiles al
respecto solo en este campo. La
FADSP va más
allá, y calcula que solo con evitar el uso de medicamentos innecesarios se
podían ahorrar 1.300 millones al año. A ellos se añadirían 950 millones por una
adecuada utilización de las tecnologías sanitarias. La disminución de la
hospitalización innecesaria aportaría 5.750 millones, y reducir en un 10% las
visitas a urgencias supondría otros 650 millones. Si se suma solo lo que indica
la federación, serían 2.250 millones en fármacos y tecnologías mal utilizados
(caso todo el déficit sanitario anual) y otros 6.400 millones (más del 10% del
gasto) en uso de recursos.
La ocasión podría ser la futura ley de cartera de servicios común que anunció
la ministra de Sanidad, Ana Mato. Para ello no faltan herramientas: la agencia
estatal de evaluación y las seis autonómicas, que se
van
a constituir en red. Claro que para eso hay que ir revisando proceso a
proceso, y eso lleva tiempo y dinero.
**Publicado en "EL PAIS"
