Hoy se celebra en Bilbao, dentro de las XXXII Jornadas de Economía de la Salud y moderada por el profesor titular de la Universidad de Cantabria, David Cantarero, la mesa de ponencias “¿Es un éxito del estado de bienestar crear servicios financieramente insostenibles?”. En ella, participan tres expertos de la economía de la salud: Guillem López i Casasnovas, Simón Sosvilla y Pablo Hernández de Cos.
‘La insolvencia del sistema sanitario español’
El primero en intervenir es Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, que pronuncia la ponencia ‘La insolvencia del sistema sanitario español’. Para el experto, “asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario es imprescindible para la sostenibilidad del estado del bienestar. Pero aún solucionando ésta, se precisan reformas e incentivos para tomar las decisiones adecuadas”.
Según el ponente, “el problema del sistema sanitario no es sólo de sostenibilidad financiera. Se precisan reformas para que el sistema sea ‘solvente’; esto es, que sea capaz de adaptarse a los grandes cambios, solventando los retos sociales, demográficos y tecnológicos que se deberán de afrontar. Contra las inercias de las estructuras hace falta una mayor flexibilidad de los dispositivos asistenciales; contra la supuesta ‘consolidación’ del sistema, es tiempo de buscar un nuevo balance entre los compromisos individuales y colectivos; contra el statu quo del corporativismo, hace falta una mayor responsabilización de los profesionales.
El registro del sistema sanitario español “hasta el momento es suficientemente satisfactorio como para poder esperar que no se tuerza de la noche a la mañana”. No obstante, López Casasnovas reconoce que “algunos profesionales están ‘quemados’ y decepcionados a la vista de la frustración que genera una expectativa de práctica clínica basada en un conocimiento global, y un acceso tecnológico ‘local’, ya que local es la restricción presupuestaria que lo ha de financiar”. En este sentido, manifiesta que “los incentivos así se debilitan y sin el antídoto del profesionalismo –asociado a la gestión clínica y a mayores cotas de responsabilidad financiera- la calidad asistencial se puede resentir”.
El experto señala que los profesionales sanitarios “se ven sometidos igualmente en aras de la necesaria consolidación fiscal, a una presión a la baja de costes unitarios, tanto en aumento de productividad como en disminución salarial. Pero se está ahí a sabiendas de los intereses que se sirven, y lo que no consigue una retribución monetaria lo puede suplir el beneficio de trabajar en equipo, un acceso a las nuevas tecnologías infinitamente mayor que el que puede permitir la práctica asistencial privada aislada, y hasta el momento, con una libertad clínica nada desdeñable”.
‘El caso de la subfinanciación de la dependencia’
El siguiente en intervenir es Simón Sosvilla, catedrático de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. En su alocución (‘El caso de la subfinanciación de la dependencia’) se pregunta si son suficientes los fondos destinados a financiar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Para el experto, “aunque claramente existen problemas de sostenibilidad, allegar más recursos financieros para la dependencia, siendo muy importante, no es la solución definitiva. Mejoras en la coordinación horizontal (entre sistema sanitario y los servicios sociales) y vertical (entre las diferentes administraciones públicas involucradas) son imprescindibles para consolidar su presente y asegurar su futuro.”
Tal y como manifiesta el profesor Sosvilla, “seis años después de su aprobación es el momento de conseguir el impulso definitivo en el desarrollo de la Ley de Dependencia. Por encima de las dificultades derivadas del entorno de crisis económica se impone alzar la vista y redoblar esfuerzos para encontrar consensos que ayuden a poner en valor este gran proyecto de Estado que implica una enorme ambición política, social y ciudadana”.
‘Eficiencia e ineficiencia en servicios públicos, déficit y deuda’
El último en hablar es el doctor en Economía Pablo Hernández de Cos, quien, interviniendo a título particular, ha hablado ante los más de 400 economistas reunidos en las XXXII Jornadas de Economía de la Salud respecto a la ‘Eficiencia e ineficiencia en servicios públicos, déficit y deuda’.
“En el largo plazo, el factor más relevante para la sostenibilidad fiscal en España y en el resto de países desarrollados es el impacto sobre las cuentas públicas del envejecimiento de la población, que presionará al alza tanto el gasto en pensiones como el gasto sanitario y en dependencia. Garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de las finanzas públicas pasa, por tanto, por la reforma del sistema de pensiones”, manifiesta.
Puesto que el incremento del gasto se debe esencialmente al incremento de la esperanza de vida y a su consiguiente impacto sobre la tasa de dependencia, “la sostenibilidad del sistema requiere retrasar la edad de jubilación, limitando la jubilación anticipada e incentivando la permanencia en la vida laboral”.
Las mismas consideraciones, junto con razones de equidad y de incentivación de la participación en el mercado de trabajo, “aconsejan el avance hacia la proporcionalidad de las cotizaciones pagadas a lo largo de la vida laboral y las pensiones recibidas, para lo cual se necesita ampliar significativamente el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora, lo que nos acercaría a la situación de algunos países de nuestro entorno”.
Para el economista, la reforma del sistema público de pensiones aprobada en marzo de 2011 “avanza en ambas direcciones, y conseguiría, según las proyecciones disponibles, un ahorro importante del incremento de gasto previsto. En concreto, los resultados de las simulaciones disponibles muestran que el efecto de la reforma podría suponer un ahorro de alrededor del 40% del aumento del gasto en pensiones sobre el PIB proyectado entre 2009 y 2060, por lo que la reforma supone un paso importante”.
Según manifiesta, haciendo referencia a la situación actual en varios países de nuestro entorno, “la reforma incorpora, además, un factor de sostenibilidad a partir de 2027, que deberá servir para revisar cada cinco años los parámetros fundamentales del sistema en función de las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población entre el año 2027 y en el año en que se efectúe la revisión. La pronta definición de este factor de sostenibilidad resulta especialmente relevante”.
Reforma sanitaria
El moderador de la mesa, el profesor titular de la Universidad de Cantabria, David Cantarero, analiza la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno en el Real Decreto-Ley 16/2012. El experto ha puesto de manifiesto, en lo concerniente al personal sanitario, “la reforma sirve avanzadilla de lo que probablemente se extienda a otros ámbitos: la retribución variable por objetivos (lo que podría afectar a los más de 600.000 empleados del sector)”.
También se plantea si la creación de una red de agencias de evaluación regionales, será un sistema más transparente que la creación, al igual que ocurre en el Reino Unido, de una agencia nacional de excelencia clínica. Además, el Decreto cambia las condiciones de muchos hasta ahora pacientes o usuarios universales del sistema, que pasan a ser asegurados en diferente grado; “esto se ha planteado sin contar aún con una adecuada coordinación entre la asistencia primaria y especializada y de éstas con los servicios sociales”.
En cuanto al copago sanitario, “muchas regiones han asumido esta propuesta incluida en el Decreto sin contar con proyecciones del consumo, elasticidades e ingresos por recaudación que mostrasen realmente su bondad para reducir un consumo innecesario. Igualmente, es de prever que dicho copago no se quede únicamente en lo que hasta ahora se ha aprobado (el farmacéutico ampliado al incluir a los pensionistas), como, por ejemplo, copagos asistenciales por hospitalización”.
La cuestión para el profesor es que “si queremos que la calidad de nuestra asistencia sanitaria mejore, han de evitarse recortes lineales y optar por ajustes basados en la cultura de la evaluación y sobre todo una mayor transparencia en la información sanitaria”.