El
destino de la ley estrella del presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
la reforma sanitaria, se
encuentra en la cuerda floja tras las dudas expresadas este martes por los
magistrados más coservadores del Tribunal Supremo del país.
Un
aluvión de preguntas escépticas han puesto de manifiesto, durante dos intesas horas de
sesión, hasta qué punto una decisión sobre esta ley y su punto más
controvertido, el llamado «mandato individual», cuenta
con posturas enfrentadas que ponen en duda su constitucionalidad.
La
parte positiva para Obama es que en el debate, celebrado ante 400 personas,
el bloque progresista ha mostrado su
apoyo a la ley pero sin embargo, los conservadores, que son mayoría con
cinco magistrados, son escépticos. Son ellos los que podrían propiciar la eliminación del «mandato
individual» en el fallo sobre la reforma sanitaria que el Supremo dará a
conocer el próximo mes de junio.
División explícita
Según
informa «The New York Times», como era de esperar, los cuatro
magistrados progresistas (Ruth Bader, Stephen Beyer, Sonia Sotomayor y Elena
Kagan) han hecho una encendida defensa del «mandato individual».
Por
su parte, los dos jueces conservadores, el presidente del tribunal, John
Roberts, y el magistrado Anthony Kennedy, han centrado sus preguntas en los
límites que tendría el poder federal si los que se
oponían a comprar un seguro médico son obligados por ley a adquirir
uno: «¿Se puede crear comercio para
regularlo?», le ha preguntado Kennedy al abogado del Estado, Donald
Verrilli.
Roberts
se ha servido de un ejemplo más que gráfico para explicar su postura
estableciendo un paralelismo sobre la compra de seguro médico y la de
teléfonos móviles, según «The New York Times».
La sesión más importante
Los
magistrados más conservadores, Samuel Alito y Antonin Scalia, también han
enfocado sus preguntas para poner de manifiesto su
oposición: «¿El hecho de que no haya comprado algo puede hacer que me
someta a una regulación?».
La
sesión de este martes era la más importante de las tres
previstas para esta semana por la sala de nueve jueces que deberán
decidir si la norma que impone un nuevo sistema sanitario es constitucional o
no.
El
«mandato individual» ha cosechado un amplio rechazo en el opositor Partido
Republicano y en otros sectores conservadores, por estimar que el Gobierno no
puede obligar a los ciudadanos a comprar un servicio si ellos no lo
desean. El argumento de la administración es que los ciudadanos, lo
quieran o no, necesitan tener una prestación sanitaria porque en algún momento
de su vida precisarán de atención médica.
Una
encuesta elaborada por el centro demoscópico CNN/ORC ha puesto de manifiesto que
la reforma sanitaria está logrando paulatinamente un
mayor respaldo en la sociedad estadounidense, especialmente entre los
votantes independientes, los que no están registrados como votantes de ningún
partido, aunque la norma todavía es rechazada por la mitad de los consultados.
**AGENCIAS
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