Cerca de 873.000 personas inmigrantes en situación irregular han perdido su tarjeta sanitaria, desde que entrase en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, el 1 de septiembre de 2012, una norma que ha sido interpretada de manera diferente entre comunidades autónomas, según denuncia Amnistía Internacional (AI).
Y es que, mientras hay comunidades que se han negado públicamente a dejar sin asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, otras han empezado a aplicar la nueva normativa.
Con todo,Amnistía Internacional ha expresado su preocupación porque la confusión es tal que podría estar dificultándose el acceso a la atención sanitaria, incluso en las comunidades que han establecido vías para garantizar la asistencia de personas en situación administrativa irregular.
En el caso de Baleares, AI ha llevado a cabo una investigación por tratarse de una de las primeras comunidades autónomas que aplicó el Real Decreto-ley, al hacerlo cinco meses antes de su entrada en vigor. Además de haber recibido numerosas denuncias por parte de inmigrantes en situación irregular que estaban teniendo dificultades para acceder a la asistencia sanitaria.
De este modo, la ONG ha denunciado que, solamente en esta región, cerca de 20.000 personas han perdido su asistencia, tal y como recoge el informe “El laberinto de la exclusión sanitaria: Vulneraciones del derecho a la salud en Islas Baleares”
En este sentido, AI ha constatado cómo su aplicación en Baleares dificulta “enormemente” el acceso a la salud y puede poner incluso en riesgo la vida de personas inmigrantes en situación irregular. En concreto, ha dado cuenta de que, en varios centros de salud y hospitales de las Islas Baleares, se están produciendo una serie de irregularidades administrativas que no se ajustan al Real Decreto-ley, al tener acceso a “compromisos de pago” emitidos en Urgencias, incumpliendo lo que establece la norma que contempla la gratuidad de estos servicios.
“Amnistía Internacional no cree que esta situación pueda calificarse como sistemática, pero tampoco se trata de casos aislados. Hemos tenido acceso a varios de estos compromisos de pago emitidos en Urgencias, e incluso de una facturación de casi 19.000 euros efectuada antes del 1 de septiembre, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto”, ha denunciado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Durante la investigación, sus autores han recogido testimonios de muchas personas inmigrantes que aseguran que, ante la advertencia de que se emitiría un compromiso de pago en caso de recibir asistencia sanitaria, “han optado por no ir a los centros médicos o suspender sus tratamientos, incluso en caso de enfermedades graves”.
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