El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad, una norma pionera en España con la que la Junta de Andalucía persigue blindar la sanidad pública y asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria, especialmente los colectivos más vulnerables. Tras la aprobación del Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, que impuso límites a la universalidad y estableció el copago farmacéutico para pensionistas, este proyecto normativo que inicia ahora su trámite parlamentario, refleja la preocupación del Gobierno andaluz por mantener intactos los valores de uno del los pilares del Estado del Bienestar.
El objetivo es proteger el sistema sanitario público ante situaciones de crisis o tentativas de desvirtuar su carácter público, y prepararlo para dar la mejor respuesta ante retos como los derivados del envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades.
En su título I, están recogidas las garantías del sistema sanitario público, como son la perdurabilidad en el tiempo de los beneficios de la sanidad pública, obligando al mantenimiento y funcionamiento de los servicios, a su financiación y naturaleza públicas. También deberán garantizarse por la Administración los principios que inspiran la Ley, tales como el pleno respeto a los derechos humanos, la mejora del bienestar de las personas, la universalidad, la igualdad, la equidad y la superación de las desigualdades territoriales y sociales en la prestación sanitaria, la participación social, la calidad y la concepción integral de la salud, entre otros. Asimismo, se garantizarán derechos básicos recogidos en la normativa autonómica y estatal, incluyéndose aquellos con los Andalucía ha sido pionera, como son la libre elección de médico, la segunda opinión médica, la declaración de la voluntad vital anticipada, la muerte digna, el consejo genético, la no discriminación por motivo de identidad de género, etc.
En este título es muy importante la garantía que se establece para acceder a la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma sin copagos. Asimismo, en aquellas prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud donde se prevea una aportación económica por parte de la población, la futura ley andaluza establece que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir una persona excluida de una prestación por razones económicas.
Las medidas en torno a la sostenibilidad se articulan en el título II y se dirigen a asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación. En la económica, se establece la Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público como una herramienta clave para realizar, cada cuatro años, un análisis de la situación de la sanidad pública andaluza, y diseñar nuevas líneas directrices, siempre orientadas a obtener los mejores resultados y con una previsión de financiación estimada. Asimismo, se incluirán en esta estrategia, que deberá aprobar el Consejo de Gobierno, mecanismos de seguimiento y evaluación.
La futura ley garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo, el uso de alternativas terapéuticas más eficientes y la optimización de la selección, adquisición y utilización de los fármacos en todos sus centros. De igual modo, se podrá seleccionar, mediante procedimientos de convocatoria pública, los medicamentos y productos sanitarios que se dispensan en oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo. Las medidas de formación y promoción de la salud entre la población, para evitar el consumo innecesario de fármacos, y la transparencia en las relaciones de la industria farmacéutica con los profesionales y el sistema sanitario son también aspectos muy importantes.
Igualmente, se determina que la compra de bienes y servicios tendrá que atender a criterios de homogeneidad a través de estructuras integradas como las centrales de compras provinciales y regional. Por último, se contempla que la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias se hará en función de la evidencia científica y con garantías de carácter ético, clínico y social, con el objetivo de asegurar que toda la población andaluza tenga acceso a las mismas.
En la sostenibilidad social son elementos clave la equidad, la orientación a resultados en salud, el necesario diálogo con la sociedad, la calidad, la eficiencia y la ética, entre otros. Se incluyen medidas de prevención y promoción de la salud, mejora de la gestión clínica, fortalecimiento de las relaciones interprofesinales y coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. También se tienen en cuenta medidas de prevención y promoción de la salud, de gestión abierta, transparente y participativa. La atención a la cronicidad también se aborda en este capítulo, promoviendo un modelo proactivo de atención, con el equipo de atención primaria como agente activo para ofrecer una asistencia de calidad e integral en todas las etapas de la vida.
El texto se completa con las medidas de sostenibilidad ambiental reguladas en el capítulo IV, principalmente a través de la actualización de la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética y la implantación de planes que minimicen los impactos de la actividad diaria de los centros sanitarios.
En el capítulo V se aborda la sostenibilidad del conocimiento, la investigación y la innovación, haciendo hincapié en que los resultados de la I+D+i incidan directamente en la calidad y la eficiencia del sistema sanitario y en el desarrollo social y económico de la comunidad autónoma. En este último ámbito se incluye la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud, que contendrá las líneas prioritarias de investigación de acuerdo con los problemas más prevalentes de salud en Andalucía, la previsible evolución de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas y la estimación del compromiso presupuestario anual en esta materia. Se impulsará igualmente la carrera investigadora, asegurando la existencia de una masa crítica estable. Por último, se impulsará y facilitará la formación continua y de excelencia de los profesionales, a través del Plan Integral de Formación, para contribuir a la mejora continua de los resultados en salud de la población, además de alcanzar las metas de desarrollo profesional.
La sanidad pública andaluza, un referente nacional
El proyecto de ley aprobado hoy se enmarca en la política de constante refuerzo del sistema sanitario público que la Junta ha mantenido desde la asunción de las competencias de salud en 1984. Para el próximo ejercicio, el presupuesto dedicado a salud alcanzará los 9.304 millones de euros, 479,3 más que en 2016, lo que supone que 1 de cada 3 euros se destinen a sanidad en las cuentas autonómicas.
Con ello, la Administración andaluza destinará a la sanidad el equivalente al 6,3% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, frente a la media del 5,5% del conjunto nacional y por encima de comunidades como Madrid y Cataluña.
Este esfuerzo inversor permite situar a la sanidad pública andaluza como un referente nacional e internacional en aspectos asistenciales y de investigación, así como en derechos sanitarios. Más de 1.500 centros de salud y consultorios y 49 hospitales públicos conforman la red más amplia de infraestructuras sanitarias de España, donde se realizan más de 75 millones de actos médicos. Este año han entrado en servicio 20 infraestructuras sanitarias, entre nuevos hospitales y centros de salud. Andalucía es una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de actividad sanitaria concertada en España, mantenida en torno al 4% pese a las dificultades derivadas de la crisis económica de los últimos años y de los objetivos de décifit impuestos por el Gobierno central.
La sanidad pública andaluza garantiza, entre otros derechos, la atención bucodental gratuita para menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; el acceso gratuito a medicamentos y productos sanitarios para todos los menores de un año; el examen de salud anual para los mayores de 65 años; la segunda opinión médica; la voluntad vital anticipada, el consejo genético preimplantatorio, etc. Entre otras partidas que marcan la diferencia con el resto del Estado, destacan los 140 millones que se emplearán en tratamientos innovadores de la hepatitis C, que no financia el Gobierno central, y los nuevos programas de Atención Infantil Temprana que triplicarán sus recursos hasta alcanzar los 33 millones en 2019.
En su compromiso por mejorar la calidad de la asistencia que se presta, Andalucía fue pionera con garantizar tiempos máximos de espera en cirugía, pruebas diagnósticas y consultas con especialistas. Actualmente, la población andaluza aguarda un mes menos de demora respecto al promedio nacional en operaciones no urgentes. Andalucía cuenta también con la tasa más baja de pacientes en lista de espera quirúrgica (7,03/1.000 habitantes, frente a 12,21 en el Sistema Nacional de Salud) pese a ser la comunidad más poblada y la que más procedimientos de cirugía incluye en su cartera de servicios. Este año, se han asumido dos nuevos compromisos de mejora: la reducción a 90 días de la cirugía cardiaca y el establecimiento de 180 días como demora máxima para la reconstrucción mamaria tras un cáncer.
El sistema sanitario público andaluz cuenta con una plantilla de más de 95.600 profesionales, lo que representa el 18,3% del empleo sanitario total a nivel nacional, por encima de su peso poblacional. La apuesta por el empleo público es decidida, como demuestran los pasos dados para la recuperación de los derechos de los profesionales y la convocatoria de las mayores ofertas de empleo en los últimos años: más de 6.600 plazas teniendo en cuenta la OPE agregada de 2013-2014-2015 y la OPE del presente año.
En materia de investigación, Andalucía cuenta con una de las mayores redes de recursos y estructuras adscritas, con cuatro institutos de investigación sanitaria, cuatro centros temáticos de investigación, un biobanco en red y dos laboratorios especializados. Por otra parte, la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas es un referente nacional en la investigación de enfermedades que carecen de tratamientos eficaces, como la diabetes y la esclerosis múltiple. Actualmente desarrolla 25 de ensayos clínicos a través de los programas: Terapia Celular y Medicina Regenerativa; Genética Clínica y Medicina Genómica, y Nanomedicina.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es actualmente la primera entidad española en el sector de salud en número de patentes biosanitarias. También se ha incrementado la producción científica y su impacto en un 21% entre 2012-2015, así como la participación en proyectos internacionales y los estudios clínicos realizados en centros sanitarios públicos.
