La aplicación de algunos de los puntos que contempla el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones seguramente materializará unas consecuencias contrarias a las que enuncia su nombre, así al menos lo entiende el Grupo de Trabajo de Gestión de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) que denuncia que “algunas de estas medidas ni generarán un ahorro real, ni mejorarán la calidad del sistema”.
Los médicos generales y de familia han mostrado explícitamente su malestar tras la Mesa Profesional incluida en el programa científico de su XIX Congreso Nacional y XIII Internacional abriendo una pancarta de protesta contra uno de los puntos de este Decreto que supone “la expropiación de derechos para una parte de profesionales del colectivo sanitario”, protesta que suman a su ya conocida negativa ante los “recortes reiterados que está sufriendo el sistema sanitario, y en especial la Atención Primaria”, comenta el doctor Francisco José Sáez, uno de los coordinadores del Grupo de Gestión de la SEMG.
Ha sido precisamente el doctor Sáez quien ha desgranado en su intervención en la mesa de debate “el menoscabo que la Atención Primaria viene sufriendo desde hace tiempo”. Según los datos que maneja la SEMG, todas las Comunidades Autónomas han realizado reajustes de jornada de los profesionales médicos del primer nivel asistencial, recortes en los sistemas de guardias, despidos de interinos...”. “Los médicos del primer nivel asistencial llevamos años, muchos, reivindicando la necesidad de una Atención Primaria fuerte, precisamente para garantizar no solo la sostenibilidad del sistema sino ineludiblemente la calidad y equidad de su asistencia”, explica este responsable de la SEMG, “cuando se puso en marcha la Plataforma 10 Minutos era ya con ese fin, que ahora seguimos buscando con el Foro de Médicos de Atención Primaria, y solicitábamos la implementación de unas sencillas medidas de manera escalonada; por poner un ejemplo, la partida dentro del presupuesto sanitario destinada al primer nivel debía suponer en el 2012 un 14%, para ir progresando hasta llegar con el tiempo a ese 25% que haría de la AP un eje realmente operativo: a día de hoy, ninguna Comunidad Autónoma lo cumple”.
“Pasar a ‘asegurado’, un injusto paso atrás”
Para la SEMG, que el derecho a asistencia sanitaria se limite tan solo al ciudadano que esté asegurado o sea beneficiario es un grave error, y no solo por la inequidad e injustica que supone. Así lo explica el doctor Fernando Pérez Escanilla, responsable del Área de Salud Pública de esta sociedad científica, quien esgrime que “más allá de que como médicos nos debamos a nuestra profesión -y la Medicina es humanista, no mercantil-, el hecho de que tan solo el asegurado pueda recibir asistencia supone que la labor preventiva que se desarrolla desde el primer nivel asistencial puede verse afectada”. El doctor Pérez Escanilla alerta no solo de la injusticia que conlleva dejar sin asistencia continuada a una parte de la población, sino del peligro que puede suponer para la salud pública, aunque la patología aguda pueda ser atendida en urgencias.
“La estaturización forzosa de profesionales sanitarios, un error grave e incomprensible”
Otra de las medidas que recoge el decreto es la estaturización de muchos profesionales sanitarios que hasta la fecha ejercían su profesión bajo régimen de funcionarios. “La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia ha mostrado desde el inicio su rechazo a esta medida”, explica Fernando Pérez Escanilla, “no solo porque supone una expropiación de derechos que estos compañeros han adquirido a lo largo de más de un cuarto de siglo de ejercicio profesional y por la inseguridad jurídica que les genera, sino también porque la viabilidad de su aplicación plantea muchas dudas y su supuesto beneficio es una incertidumbre”. Desde la SEMG, se alude al hecho de que esta medida, que se estima que afectaría a unos 7.000 médicos (además de a otros profesionales sanitarios), deja en el aire quién se hará cargo de la asistencia de las personas a las que atienden si los profesionales renuncian a este cambio forzado, ya que en este caso se verían obligados a desempeñar labores administrativas fuera del ámbito sanitario. ¿Renunciamos a la experiencia acumulada de estos profesionales médicos cualificados? ¿Qué labores administrativas se les adjudicarán? ¿quién se hará cargo de sus pacientes? ¿Habrá que contratar más médicos o se ampliarán los cupos masificando más las consultas?
Demasiadas incógnitas, concluye la SEMG, para una medida que no tiene una coste-efectividad demostrada a priori.
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