Adoptar las políticas sanitarias bajo criterios exclusivamente sanitarios contribuiría a superar la actual crisis que padece el sistema, según han destacados expertos en la ponencia ‘El buen gobierno en la administración sanitaria: ¿Qué implica y cómo contribuye a salir de la crisis?’, en el marco de las XXXII Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud (AES) que se celebran hasta hoy en Bilbao.
Los expertos participantes en la ponencia han sido el Dr. Ricard Meneu, de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud; Juan Cabases, catedrático de Economía de la Universidad Pública de. Navarra; y el Dr. Vicente Baos, del Centro de Salud Collado Villalba de Madrid. El discurso ha sido moderado por Rosa Urbanos, especialista en economía de la salud y profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid.
Una sociedad que no renuncia a sus logros, como el del estado del bienestar, necesita monitorizar y perfeccionar sus “reglas de juego”, sus instituciones formales e informales, que buscan hacer individualmente atractivo lo socialmente conveniente. Algunos de los aspectos más indeseables del actual gobierno sanitario se hacen más patentes en épocas de crisis: escasa rendición de cuentas, opacidad de funcionamiento, formas insuficientes de participación, etc.
En este sentido, los expertos han destacado que “mejorar el gobierno sanitario supone así una contribución a superar la actual crisis, tanto la económica como la de legitimación social del sistema”.
Esta mejora, según han indicado, “ha de transitar por la mayor parte de las dimensiones recogidas en los Worldwide Governace Indicators: Participación y responsabilidad, Efectividad gubernativa, Calidad regulatoria, Imperio de la ley/Estado de derecho y Control de la corrupción. Sin una adecuada orientación en este sentido no parece verosímil el necesario avance en la mejora de la calidad y la transparencia de nuestro gobierno sanitario, de manera que pueda contribuir al aumento de la productividad y a la consolidación de un estado del bienestar equitativo y solvente”.
Idealmente, las decisiones que afectan a la salud de la población deberían adoptarse con independencia de cualquier otro interés que sea contrario a la salud pública. Sin embargo los especialistas han subrayado que “hay varias causas que ponen cada día en mayor riesgo esa independencia”.
Así, han puesto como ejemplo “la propia organización de los gobiernos que integran en puestos clave a personas relacionadas con corporaciones contrarias a ciertas políticas de prevención, las influencias ajenas al bien público que dominan las agendas investigadoras o de formación de los profesionales, los conflictos de interés que se han detectado en agencias europeas clave para la salud o el incumplimiento sistemático por parte de la administración de algunas leyes sanitarias y de buen gobierno”.
“Esto obliga a que las sociedades científicas y profesionales de salud pública y otras organizaciones adopten medidas para proteger la salud de la población y para contribuir a una mejor gobernanza de la salud pública”, han explicado.
Por otro lado, han señalado que el médico, independientemente del nivel asistencial y del modelo de gestión en el que trabaje, “está interaccionando de forma continua con diferentes intereses”. “Pueden ser de índole económica, afectiva o intelectual, pero debe intentar ser consciente de ellos para resolverlos de una forma ética. La industria farmacéutica y sus formas de agasajo al médico como medio de promoción de sus ventas han sido el clásico ejemplo de conflicto de intereses en la formación médica continuada, en la escritura de artículos científicos y en las decisiones prescriptoras de los médicos hacia sus pacientes,” han subrayado.
En un contexto de tiempos limitados y opresivos para la atención de los pacientes, la tendencia a la simplificación y concreción casa mal con las necesidades de las personas más ancianas, menos instruidas y, casi seguro, más necesitadas de atención sanitaria.
En resumen, el modelo de administración sanitaria influye en la gestión de los conflictos de intereses. Trabajando en el entorno público, el sobreesfuerzo profesional para dar una buena atención no se ve recompensado e incluso actúa de ‘efecto llamada’ para una libre elección de pacientes complejos que agravará el problema.
En un entorno privado, el incremento de actividad puede aumentar el beneficio económico personal o institucional, y no siempre es adecuado para el paciente. Buscar el equilibrio en todos los entornos para garantizar calidad y compromiso profesional ético es un reto permanente y, probablemente, nunca resuelto.
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