La salud es un derecho constitucional y como tal, debe seguir siendo una prioridad en las políticas de salud del nuevo Gobierno en el momento actual de ajustes y recortes económicos. Por este motivo, solicitamos a los responsables de salud del Gobierno entrante su compromiso para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud sin que peligre la calidad y la equidad de los servicios y prestaciones que recibimos, así como la universalidad del derecho a la salud.
Somos conscientes de la necesidad de políticas de control del gasto público, pero las medidas de ahorro y control no pueden ir contra la calidad de los servicios y las prestaciones al paciente oncológico. Gracias a los programas de detección precoz del cáncer de mama muchas de nosotras seguimos con vida, por lo que no es cuestionable la efectividad de las mamografías. Tampoco estamos dispuestas a renunciar a una asistencia integral y multidisciplinar que atienda las particularidades del cáncer de mama y que incluya atención psico-social, rehabilitación física y tratamientos especializados del Ganglio Centinela, porque de todo ello depende, además de nuestra propia salud, nuestra reinserción laboral y social. En este sentido, aunque consideramos necesarias algunas decisiones para que no peligre la sostenibilidad del sistema sanitario se ha de tener en cuenta que la evaluación de coste-eficacia no es el único parámetro en el que apoyarse cuando se habla de vidas humanas.
Como usuarias de la Sanidad que formamos parte del movimiento asociativo de pacientes a través de Asociaciones de mujeres de cáncer de mama, integradas en la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), apoyamos y defendemos la sanidad pública, de calidad, universal y gratuita, que debe continuar siendo un elemento estratégico de cohesión social, de igualdad y motor activo de la economía. El modelo de gestión descentralizada de nuestra Sanidad por transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas no puede romper la unidad del Sistema Público, ni modificar el derecho constitucional a la salud, ni poner en riesgo el actual catálogo homogéneo de servicios y prestaciones sanitarias.
Todos los esfuerzos deben ir encaminados a preservar la sostenibilidad, calidad y equidad del Sistema del Nacional de Salud, cuya garantía constituye uno de los principales objetivos del Estado de Bienestar.
Somos conscientes de la necesidad de políticas de control del gasto público, pero las medidas de ahorro y control no pueden ir contra la calidad de los servicios y las prestaciones al paciente oncológico. Gracias a los programas de detección precoz del cáncer de mama muchas de nosotras seguimos con vida, por lo que no es cuestionable la efectividad de las mamografías. Tampoco estamos dispuestas a renunciar a una asistencia integral y multidisciplinar que atienda las particularidades del cáncer de mama y que incluya atención psico-social, rehabilitación física y tratamientos especializados del Ganglio Centinela, porque de todo ello depende, además de nuestra propia salud, nuestra reinserción laboral y social. En este sentido, aunque consideramos necesarias algunas decisiones para que no peligre la sostenibilidad del sistema sanitario se ha de tener en cuenta que la evaluación de coste-eficacia no es el único parámetro en el que apoyarse cuando se habla de vidas humanas.
Como usuarias de la Sanidad que formamos parte del movimiento asociativo de pacientes a través de Asociaciones de mujeres de cáncer de mama, integradas en la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), apoyamos y defendemos la sanidad pública, de calidad, universal y gratuita, que debe continuar siendo un elemento estratégico de cohesión social, de igualdad y motor activo de la economía. El modelo de gestión descentralizada de nuestra Sanidad por transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas no puede romper la unidad del Sistema Público, ni modificar el derecho constitucional a la salud, ni poner en riesgo el actual catálogo homogéneo de servicios y prestaciones sanitarias.
Todos los esfuerzos deben ir encaminados a preservar la sostenibilidad, calidad y equidad del Sistema del Nacional de Salud, cuya garantía constituye uno de los principales objetivos del Estado de Bienestar.
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