Una
vez más, la Consejería de Sanidad y sus dirigentes han puesto de
manifiesto su incapacidad para gestionar una Consejería que
representa en gasto aproximadamente el 45% del Presupuesto de la
Comunidad de Madrid.
Su
falta de capacidad para gestionar desde la competencia, la
eficiencia, el diálogo, el acuerdo, el compromiso con los
profesionales y pacientes, han llevado a este Gobierno y a su
Consejería de Sanidad a la judicialización de toda su actividad.
Judicialiación
de las decisiones de la Consejería de Sanidad
Recordemos:
está judicializada la aplicación de jornada, la supresión de la
extra de Navidad, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, la
privatización de los hospitales y centros de salud. Además, después
de años de soportar el desprecio a los profesionales que son
sometidos a contratos eventuales con renovaciones de mes en mes, o de
tres meses, se ha planteado ya un recurso por parte de un compañero.
La Consejería de Sanidad se niega sistemáticamente al abono de
trienios a los no fijos, en contra de lo que dice el Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP) y los cientos de sentencias que así lo
determinan. Ahora su incompetencia para una correcta gestión nos
lleva a la impugnación de uno de los principales actos que realizan
los gobiernos, la asignación de gasto en unos presupuestos que se
basan en la distribución de nuestros impuestos.
Recordamos
también que el presidente Ignacio González tiene una cita el
próximo día 20 de noviembre para el acto de conciliación en el
Juzgado de 1ª instancia nº 56, previo a la querella por injurias y
calumnias que AMYTS interpone contra el mismo.
Una
vez más, AMYTS solicita la dimisión de los responsables de la
Consejería de Sanidad, y en su defecto el cese de los mismos por
parte del presidente de la Comunidad.
Un
defecto tan grosero en la tramitación de unos presupuestos, aunque
se subsanará por los responsables de la Consejería, obliga a
iniciar nuevamente la tramitación, pasarlos por el Consejo de
Administración del SERMAS, llevarlos al Consejo de Gobierno de la
Comunidad para su aprobación y remisión nuevamente a la Asamblea de
Madrid.
Esto significa un importante retraso en la tramitación y aprobación
definitiva de los presupuestos. Como profesionales médicos, debemos
exigir a los políticos el rigor y la profesionalidad que demuestran
a diario los facultativos, y nos vemos obligados a exigir que se
ejerza la administración desde la más absoluta competencia.
La
Consejería de Sanidad está en manos de políticos que demuestran su
falta de competencia en lo más básico, que no son capaces de
elaborar unos presupuestos correctamente, que realizan concursos
públicos que paralizan de forma cautelar los tribunales. Además,
tiene a dos de sus principales dirigentes, Patricia Flores,
viceconsejera de Asistencia Sanitaria; y Antonio Burgueño, director
general de Hospitales, imputados penalmente por sus actuaciones en
las etapas de anteriores consejeros.
Por
calidad democrática y por la importancia que damos a la sanidad,
AMYTS se pone a disposición del presidente de la Comunidad para
subsanar los problemas que la sanidad madrileña padece y que desde
la Consejería de Sanidad no son capaces de resolver. Como médicos y
representantes de estos profesionales, ofrecemos nuestra más sincera
oferta de dialogo encaminada a solucionar los problemas de un sistema
sanitario que no puede estar sometido a constantes incompetencias.
*
Acceso al documento de interposición del recurso ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, presentado el 12 de noviembre de 2013, en el siguiente
enlace:
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCRHJkeGVuWUdrT1k/edit?usp=sharing
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