En el año 2011 se registraron 493 casos de agresiones a médicos, en el año 2012 un total de 416 casos y a lo largo del 2013 se contabilizaron un total de 354, según los índices del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial. “Existe una tendencia a la baja en este tipo de desafortunados episodios, poniendo de relieve que recurrir a la violencia, tanto física como verbal, no es el medio para solucionar un problema dentro del ámbito asistencial”, destaca Igor Pinedo García, abogado que ha participado en una mesa sobre “La seguridad en Atención Primaria: de los pacientes y de los profesionales”, celebrada en el 36º Congreso Nacional de SEMERGEN.
Entre las principales causas que están en el origen de estas agresiones se revela que “han aumentado considerablemente las causas por no emitir informes médicos acordes con las exigencias del paciente (11%) y por petición de bajas laborales (7%)”.
Para reducir el riesgo de agresiones, los expertos aconsejan la implementación paulatina por parte de las administraciones públicas de campañas de información sobre cómo funciona y hasta donde abarca, o puede abarcar, el Sistema Nacional de Salud y los recursos de los que dispone. También se apunta a la necesidad de informar a los usuarios que no son únicamente sujetos de derechos, sino también de obligaciones para con el sistema y sus profesionales. La formación de los profesionales sanitarios en la gestión del conflicto es otra de las medidas que se recomienda implantar; “formación a los sanitarios para poder instruir debidamente a los pacientes en situación de estrés, inconformismo, ansiedad…, todos ellos, estadios previos a la consumación de un episodio violento”, afirma el abogado Igor Pinedo.
Distintas repercusiones legales
Tanto los intentos de agresión a los profesionales de la sanidad pública, como las agresiones consumadas, pueden suponer una pena de 1 a 3 años de prisión para sus autores (Art. 551.2 Código Penal). En la actualidad, este tipo de agresiones, o su intento (acometimiento), está calificado como Delito de Atentado contra Funcionario Público, una calificación penal que es indiferente del régimen laboral que el profesional tenga con la sanidad pública.
Tanto los intentos de agresión a los profesionales de la sanidad pública, como las agresiones consumadas, pueden suponer una pena de 1 a 3 años de prisión para sus autores (Art. 551.2 Código Penal). En la actualidad, este tipo de agresiones, o su intento (acometimiento), está calificado como Delito de Atentado contra Funcionario Público, una calificación penal que es indiferente del régimen laboral que el profesional tenga con la sanidad pública.
Sin embargo, se advierten importantes diferencias legales según si el profesional trabaja en la pública o la privada. “Los profesionales de la sanidad pública, en contraposición con los de la sanidad privada, gozan de mayor protección penal frente a los actos de violencia que sufran durante el ejercicio de sus funciones”, subraya el abogado.
**ISANIDAD.COM
El grupo del CIBERES, que lidera Jesús Ruiz-Cabello en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CNIC, ha obtenido partículas extremadamente pequeñas que contienen un emisor radioactivo, con una señal que es brillante en técnicas de imagen como la resonancia magnética, MRI, a la vez que pueden ser empleadas en otras técnicas de imagen, como es la tomografía por emisión de positrones, PET.