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01 agosto 2019

Los pediatras de Atención Primaria recuerdan que los menores extranjeros no acompañados, como los demás niños y adolescentes, necesitan protección



La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha lanzado una declaración de apoyo a los menores extranjeros no acompañados en la que recuerda que, ante todo, se trata de niños y adolescentes que se encuentran solos en nuestro país, separados de sus padres y que tampoco están bajo el cuidado de ningún otro adulto, lo que obliga a la sociedad a extremar su protección y cuidado.
El hecho de ser menores y no estar acompañados de una persona adulta (lo que ha dado lugar a la denominación ‘mena’) sitúa a estos niños automáticamente en una situación de desamparo y de riesgo, “lo que plantea la necesidad de garantizar la máxima protección que marcan la legislación española y los convenios internacionales relativos a la protección de los menores de edad. Esta obligación jurídica, ética y humana, involucra a todos las administraciones públicas a nivel estatal, autonómico y municipal, y a toda la sociedad civil, incluido el conjunto de profesionales sanitarios”, ha señalado el Dr. José Ignacio Pérez Candás, portavoz de AEPap.
En España el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados está mayoritariamente asociado a niños y adolescentes procedentes de los países del Magreb, fundamentalmente de Marruecos y Argelia. Sin embargo, hay menores no acompañados procedentes de países del este de Europa, del África Subsahariana, de Siria, y otros.
Aunque los especialistas de AEPap reconocen que no es un fenómeno fácil de cuantificar, los datos de la memoria de la Fiscalía de Menores de 2016 (correspondiente al ejercicio de 2015) apuntaban a la presencia de 3.660 menores de origen extranjero no acompañados en España y bajo la tutela de las comunidades autónomas. Según datos de UNICEF, nuestro país registró el año pasado 65.300 llegadas de extranjeros irregulares, de las cuales más de 6.000 corresponden a niños, niñas y jóvenes no acompañados que llegaron por la frontera sur. Una reciente publicación que cita datos aportados por el Defensor del Pueblo, en diciembre de 2018 el número de estos menores registrados era de 13.012, de los cuales el 63% son marroquíes. Se trata, pues, de un fenómeno que durante los últimos dos años ha crecido sustancialmente.
Cuando llegan a suelo español (sea cual sea el modo de llegada), el primer problema al que se enfrentan estos niños y adolescentes si no cuentan con documentación (algo habitual), es determinar si son menores de edad, algo con obvias dificultades en el caso de los adolescentes de 16 y 17 años. “Un menor clasificado por error como mayor de edad inicia un camino de inseguridad y desamparo sin fin, por lo que es necesario que los servicios de fronteras cuenten con los medios necesarios y procuren la máxima fiabilidad y celeridad para cumplimentar estas tareas previas”, alerta el Dr. Pérez Candás.
Cuando las pruebas determinan que se trata de menores de edad y no es posible la devolución voluntaria a sus familias en su país de origen, comienza un proceso de acogida tampoco exento de dificultades. Algunos ejemplos son los centros de menores especializados que a menudo no cuentan con suficientes medios para asegurarles una asistencia digna. Finalmente, llega la siguiente dificultad, la falta de apoyo a su integración una vez que cumplen la mayoría de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989 ratificada por España en 1990, establece que “los Estados reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. La atención a los problemas de salud mental está expresamente contemplada como una obligación más de los Estados firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El modelo de atención a estos menores en las distintas CCAA no es homogéneo, y los sistemas de protección infantil han tenido que adaptarse rápidamente al reciente y creciente fenómeno de los menas, casi siempre con recursos muy limitados. No se trata solo de procurarles alojamiento, manutención, educación y sanidad, se trata sobre todo de construir vínculos con la sociedad de acogida. Algunas comunidades, como Cantabria, Galicia y Murcia completan de forma aceptablemente rápida los procesos de ratificación de la minoría de edad y la tutela por parte de la administración autonómica, mientras que otras demoran este proceso varios meses.
Mientras se lleva a cabo el proceso de tutela, los adolescentes se alojan en “hogares de urgencia”, aunque la realidad es muy dura en muchas ciudades, pues no cuentan con los recursos suficientes y con frecuencia estos menores son alojados en instalaciones policiales que no están preparadas para esta función.
La transición a la vida como adulto, una vez que cumplen los 18 años es con mucha frecuencia una caída al vacío, pues estas personas pierden la protección de la administración pero no cuentan con formación o recursos para valerse por sí solos, quedando en franco riesgo de caer en la marginalidad y expuestos a la manipulación de otros grupos interesados.
En los últimos meses se ha tenido noticia de protestas vecinales por la proximidad de algún centro de menores tutelados, atribuyéndoles la autoría de agresiones y otros hechos delictivos mientras que los datos indican que la participación de adolescentes tutelados en hechos delictivos es excepcional[x].
Por todo ello, desde la AEPap solicitamos:
1.       Que las autoridades busquen la coordinación y elaboren un plan de atención a estos menores que garantice los objetivos propuestos por la legislación española y los convenios internacionales.
2.       Que se garantice el alojamiento y la estancia en centros, domicilios o familias, en condiciones dignas, nunca en centros de detención o similares.
3.       Que se garantice el acceso en condiciones plenas de todos los menas al sistema educativo y sanitario.
4.       Que la transición a la vida adulta esté acompañada y facilitada por las instituciones públicas, procurando la formación e inserción laboral y social.
5.       Que se dote del personal suficiente, conformando equipos multiprofesionales (educadores, trabajadores sociales, etc.) y de los recursos necesarios a los centros de atención a los menas.
6.       Que se inicie una campaña de concienciación social que desmonte los prejuicios infundados en torno a la conflictividad de estos adolescentes, que involucre a todas las capas de la sociedad.
7.       Responsabilidad y objetividad a los medios de comunicación y moderación en las redes sociales evitando la difusión de contenidos que inciten al odio.
8.       Convendría disponer de un registro por comunidades y también centralizado de cuántos son, sus edades y sus ubicaciones en nuestro país para conocer la magnitud real del problema y adecuar la organización de recursos.
9.       El sistema sanitario y educativo deberían adaptarse a las nuevas circunstancias y preparar sus dispositivos para atender las necesidades de este colectivo de niños y adolescentes.
Para todo ello, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha mostrado su disposición a colaborar con las autoridades y todas las administraciones, nacional, regional y local, en la medida que sea necesario para avanzar entre todos hacia la consecución de este objetivo.
 

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