Ser paciente crónico e intentar conseguir una receta en otra comunidad se ha convertido en una misión casi imposible con las comunidades autónomos intentando cuadrar sus cuentas. Comunidades como Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana han empezado a negar la prescripción a ciudadanos que están de paso en sus territorios y las quejas han llegado al Defensor del Pueblo. La institución ha abierto una investigación de oficio y ha pedido al Ministerio de Sanidad que medie en el conflicto para garantizar el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, con independencia del lugar del territorio en el que se encuentren. Incluso reclama la reunión de un consejo interterritorial de salud para tratar este asunto.
La Oficina del Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas por parte de ciudadanos que denuncian dificultades para obtener una atención de calidad en los desplazamientos temporales a comunidades autónomas distintas de su residencia.
A juicio de la Institución, preocupan, tanto las limitaciones en el acceso a consultas de atención especializada, como la situación de los enfermos crónicos sometidos a tratamiento farmacológico, que en sus desplazamientos temporales a otra comunidad distinta de la que residen, no pueden acceder a los medicamentos que precisan.
El Ministerio de Sanidad no descarta tratar este asunto en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, aunque ya ha mostrado su preocupación por la atención a los enfermos desplazados. Fuentes del departamento aseguraron que Leire Pajín se ha dirigido por carta a los consejeros de algunas de las comunidades donde más se están detectando estos problemas. En concreto, se ha puesto en contacto con Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Andalucía, Madrid, Canarias y Aragón, a quienes ha preguntado por los mecanismos de cada comunidad para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, que obliga a las comunidades a coordinarse para ofrecer la misma prestación sanitaria a todos los ciudadanos con independencia de donde residan. Además, les ofreció la posibilidad de concretar una reunión con el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, para buscar fórmulas que permitan garantizar este derecho de los ciudadanos.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública cree que la principal responsabilidad es de las Comunidades Autónomas que, «por motivos economicistas, han actuado de una manera ilegal e irresponsable». Pero también esperan que Sanidad intervenga «con rapidez» y garantice la atención.
**Publicado en "ABC"
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