La consejera de Salud y Bienestar social ha propuesto hoy que se lleve a cabo un trabajo conjunto con los ayuntamientos y las entidades sociales para definir las prioridades en las partidas sociales con el fin de que lleguen a las familias andaluzas que más lo necesitan. María Jesús Montero, en una intervención en el Parlamento de Andalucía, ha asegurado que este “sector de la población, que no tiene la posibilidad de incorporarse al mercado laboral, tiene de su lado al Gobierno andaluz” y que la Junta no dará marcha atrás en el modelo social actual.
Ha destacado que en Andalucía hay un modelo de integral de atención social que sigue construyéndose mediante instrumentos como la actualización de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía con un enfoque centrado en la definición de derechos individuales y que contemple la cartera de servicios que ha de ser ofertada entre las distintas administraciones; la red de atención a las necesidades básicas de la ciudadanía o las actuaciones complementarias dirigidas a amortiguar los efectos de la complicada situación económica.
Montero, que se ha alejado de un debate de confrontación, ha insistido en que el Gobierno andaluz está trabajando por mantener todos y cada uno de los programas, mecanismos y vías de actuación que sostienen el sistema de servicios sociales.
La consejera ha destacado la apuesta por la Junta por las diferentes políticas sociales. Andalucía es el primer referente del Estado en la aplicación de Ley de Dependencia con 193.900 personas beneficiarias a 1 de noviembre de 2012. En total, el 25% de todas las personas con derecho a prestación en España son de Andalucía. Por su parte, 175.000 personas cuentan con el servicio de Teleasistencia, de las que 68.000 son personas en situación de dependencia, un 52% del total nacional, y más de 50.000 personas el Servicio de Ayuda a Domicilio, el 41% del total nacional.
Montero ha recordado que el Gobierno de Rajoy ha tomado varias medidas en detrimento de esta ley como la supresión del nivel acordado y la disminución del nivel mínimo, que han supuesto 89 millones menos para dependencia en Andalucía.
La consejera ha recordado que los presupuestos del Gobierno andaluz van a ser un importante instrumento para impedir que la crisis económica desemboque en mayores desigualdades sociales. En este sentido, la Junta de Andalucía duplica su Programa de Inclusión Social, con la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Acción Social dotado con 60 millones, y aumenta la inversión en el Programa de Solidaridad en un 12,2%, con un total de 70 millones.
Colaboración con los ayuntamientos
Montero ha insistido hoy en la importancia de un “abordaje común entre ayuntamientos, diputaciones y entidades sociales para que los fondos se puedan priorizar y las familias no se sientan desasistidas”. La consejera ha destacado también la importancia del Plan Concertado, “el esqueleto de las políticas sociales”, en el que la Junta, para 2013, invertirá 34 millones de euros. Este es un ejemplo de que el Gobierno andaluz mantiene el apoyo a las corporaciones locales y, muestra de ello, ha firmado convenios de colaboración con Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las ocho Diputaciones Provinciales, para desarrollar el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Asimismo, la consejera ha recordado que el Gobierno ha eliminado totalmente las aportaciones a los programas de Atención a la Infancia, Servicio de Apoyo a la Familia, Atención a la Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad y ha reducido las cuantías de los programas de Bienestar Social, que disminuye un 71%, y el Plan sobre Drogodependencias, en un 50%.
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