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13 June 2012

LA ESTIMACIÓN DEL GASTO PER CÁPITA EN SANIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEBE TENER EN CUENTA EL GASTO PRIVADO ADEMÁS DEL PÚBLICO


En la actualidad, las comunidades autónomas sólo tienen en cuenta el gasto sanitario público a la hora de “medir” la cobertura asistencial per capita en sus territorios, algo que no muestra los datos reales. En este sentido, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha presentado hoy por primera vez los datos del gasto sanitario privado por comunidades autónomas, lo que, sumado al que ya se conoce del sector público, ofrece una visión global de la oferta sanitaria de cada una de ellas. Según ha explicada Juan Abarca, Secretario General del IDIS durante su intervención en el Primer Foro de Seguros de Salud, celebrado esta mañana en Madrid y organizado por Adeslas SegurCaixa, “por primera vez contamos de forma cuantificable con datos del gasto sanitario privado per capita por comunidades autónomas, lo que demuestra de forma contundente laaportación de la sanidad privada a la sanidad pública”.

En este sentido, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana tienen el menor gasto sanitario público, lo que no significa que tengan el menor gasto sanitario total con respecto a otras comunidades. Por ejemplo, Canarias cuenta con un gasto sanitario público per capita mayor que la Comunidad Valenciana pero, sin embargo, esta última tiene un mayor gasto sanitario per capita total.

“Estos datos confirman la gran aportación de la sanidad privada al sostenimiento del sistema sanitario nacional”, afirma Juan Abarca, quien, además, destaca el ahorro que aportan los pacientes que utilizan una doble cobertura (asistencia pública y privada) y sólo la sanidad privada: “un paciente que hace un uso aleatorio de la sanidad pública y de la privada supone un ahorro al Sistema Público de 631 € anuales, mientras que un paciente que hace uso sólo de la sanidad privada ahorra al sistema público 1.225 € al año”.


Gasto sanitario por persona
Se puede dividir a la población española en varios grupos en función de su perfil de cobertura y, por consiguiente, su gasto sanitario. “Más de 38 millones de personas (38,4) optan de forma ordinaria por la sanidad pública, con un gasto sanitario per cápita de 1.275 euros al año. Por otra parte,  2 millones de personas están protegidas por el régimen mutualista, con un gasto per cápita de 1.051 euros”, explica Juan Abarca. Además, existen otros 6,7 millones de personas que complementan o sustituyen la cobertura sanitaria pública con una póliza privada, un “doble aseguramiento con una prima media de 932 euros, “y que suponen al sistema público un ahorro de 631 euros al año”.

Distribución del gasto sanitario
En España, el gasto sanitario nacional se estimaba en 2009 en 100.231 millones de euros. Según datos recogido por el IDIS, el 26,4 % de ese dinero corresponde a gasto sanitario privado (incluyendo aseguramiento y gasto out of pocket). Según Abarca, “el gasto sanitario privado en España en relación con el gasto sanitario total se encuentra en línea con otros países de nuestro entorno en Europa, como Irlanda, Alemania y Bélgica, sólo por debajo de Suiza. Esto muestra el elevado peso de la sanidad privada dentro del sector productivo español”.


En relación a la distribución del gasto per capita en sanidad privada (suma del gasto en aseguramiento y de bolsillo per capita), al igual que el gasto en sanidad pública, existe una gran variabilidad entre las distintas comunidades autónomas. En este sentido, País Vasco encabeza el listado de autonomías con mayor gasto privado per capita anual (739,84 €), seguido por Cataluña (725,44 €), Madrid (712,84 €) y Comunidad Valenciana (609,61 €). Mientras que País Vasco destaca por ser además la comunidad autónoma con mayor gasto público per capita, sin embargo, Cataluña y Madrid, al contrario, cuentan con un gasto privado por encima de la media que, en palabras del Secretario General del IDIS, “sin duda, complementa el bajo gasto sanitario público”.


“De esta forma –añade- aquellas comunidades con mayor penetración del seguro privado (Madrid y Cataluña) son aquellas que más gasto privado tienen a través del seguro”. Por otra parte, a la cola del gasto sanitario privado per capita se encuentran Extremadura (306,72 €), Canarias (355,36 €) y Ceuta y Melilla (378,12 €).




Una posible solución para la sostenibilidad del sistema sanitario: la promoción del seguro sanitario
El principal estímulo para la promoción del seguro privado es las ayudas fiscales. “Un incentivo fiscal del 15% para las rentas inferiores a 30.000 euros en la contratación privada de seguros sanitarios podría facilitar un crecimiento de hasta el 15% del número de asegurados en la población, lo que supondría que más de 1 millón de personas saldría de manera voluntaria, parcial o totalmente, del sistema público, generando un ahorro de 631 millones de euros hasta 1.225 millones de euros y una importante liberación de recursos sanitarios para el sector público, lo que mejoraría sin duda la accesibilidad del resto de la población”, explica Abarca. Es por este motivo y a la vista de estos datos que IDIS lleva tiempo proponiendo la desgravación fiscal por contratación de seguros de salud. “Se trata de una medida de alto impacto, de forma que adoptar esta medida no sólo supondría un importante ahorro para el Sistema Nacional de Salud, sino que, además, generaría 16.959 nuevos puestos de trabajo, y supondría un ahorro anual para las familias de al menos 4 miembros de 356 €”, explica.

Con el propósito de que esta propuesta salga adelante, IDIS tiene en marcha una campaña de recogida de firmas con el fin de ayudar a que se retome la deducción fiscal de los gastos de salud derivados del aseguramiento privado a través del portal www.desgravacionfiscalsanitaria.org, que ya ha sido apoyada por más de 65.800 personas.

En la misma línea, según Juan Abarca, “la posibilidad de permitir el uso de una manera complementaria de los recursos públicos y privados en función de la cobertura que contraten los usuarios del sector privado, sin duda, evitaría la existencia de duplicidades e ineficiencias y facilitaría la promoción de la contratación del seguro, con lo que conlleva de ahorro en coste y recursos para el sector público”.

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