El Protocolo
Adicional al Convenio de Oviedo quedará paralizado hasta finales del año
2024. Así lo ha decidido el Comité de Ministros del Consejo de Europa,
que ha suspendido temporalmente la adopción de este documento. La
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y el Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI) celebran esta decisión, ya que han
denunciado en numerosas ocasiones que el protocolo vulnera los derechos
humanos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial.
Para Nel González Zapico,
presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, esta “es una buena noticia, aunque no cumple con nuestras
expectativas, que pasan por la paralización definitiva de este documento
que vulnera varios artículos de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). El Comité de Bioética
debe orientar sus esfuerzos a promover la creación de una red de apoyos
en el ámbito comunitario, basado en el respeto a la voluntad y
preferencias de la persona, y en su consentimiento libre e informado”.
Por su parte, Luis
Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI, afirma que “la sociedad civil española y europea ha
conseguido detener la perpetración de una agresión incalificable a los
derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, por quien
como el Consejo de Europa fue creado para protegerlos. La amenaza
inmediata se ha contenido, pero el peligro latente está ahí, hemos ganado
tiempo, pero no seguridad de que tamaña lesión a los derechos humanos no
cobre nuevos bríos y vuelva más adelante. La denuncia y la presión siguen
siendo necesarias, hasta que se deseche por completo este proyecto tan
desacertado”.
El documento confunde coerción y cuidados, autoriza la privación de
libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la
presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos
alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las
personas y no da respuesta a las advertencias de los organismos más
relevantes en el ámbito de los derechos humanos.
Entre las decisiones tomadas recientemente por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa, se encuentra proporcionar nuevas instrucciones al
Comité Directivo de Derechos Humanos en los campos de la Biomedicina y la
Salud para que complete antes del 31 de diciembre de 2024 un proyecto de recomendación que promueva
el uso de medidas voluntarias en los servicios de
atención de salud mental y un informe sobre la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de salud mental.
Además, se
prevé la participación de organizaciones de personas con discapacidad
y otras partes interesadas relevantes en las futuras discusiones, como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y, como observadores en las reuniones, Rehabilitation
International, el EDF y la Asociación Europea de Proveedores de Servicios
para Personas con Discapacidad (EASPD).
El proyecto se transmitirá
para dictamen a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE),
previo examen de la recomendación y el informe indicados anteriormente.
Por último, se preparará una declaración del Comité de Ministros que
afirme el compromiso del Consejo de Europa con el objetivo de mejorar la protección y la autonomía de
las personas en los servicios de atención de salud mental.
Desde SALUD MENTAL ESPAÑA y CERMI, afirman que, “aunque estas decisiones no constituyen la
retirada total del proyecto de Protocolo Adicional, dan instrucciones
claras para detener el proceso actual y seguir trabajando para respetar
la autonomía de la persona. Asimismo, celebramos el hecho de que el
Comité de Ministros reconozca la importancia de involucrar a las
organizaciones de la sociedad civil”. Las entidades señalan
además que seguirán de cerca el trabajo del Comité de Ministros para
garantizar que los derechos de las personas con discapacidad psicosocial
se salvaguarden en toda Europa, confiando en que el resultado final será
la retirada de cualquier propuesta que contradiga la CDPD de la ONU.
Desde hace varios años, tanto SALUD MENTAL ESPAÑA como CERMI se han
manifestado en numerosas ocasiones de forma pública contra el Protocolo
Adicional al Convenio de Oviedo. En este sentido, en mayo del pasado año,
ambas entidades instaron al Gobierno de España a que se opusiese a
este texto, con el objetivo de proteger los derechos de las
personas con trastorno mental. SALUD MENTAL ESPAÑA intervino además el
pasado año en el Congreso de los Diputados y en el Senado, reivindicando en ambas ocasiones
al Gobierno un posicionamiento contrario al proyecto.
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